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Mientras el escándalo y las denuncias posteriores tras la pelea en la vía pública entre el empresario exportador Pablo Ojeda y el intendente de Salvador Mazza Gustavo Subelza se analizan en la justicia provincial y federal, el caso tomó dimensiones que desnudaron otros aspectos sobre los intereses que se generan en la siempre compleja línea de frontera con Bolivia. Sin haberse manifestado hasta el momento, el jefe comunal decidió romper el silencio y habló con El Tribuno sobre el caso.
¿Cómo responde a las acusaciones que lo involucran en un intento de apropiarse del negocio de exportación de granos?
Es absolutamente falso. No me dedico a ese rubro ni tengo amigos que lo hagan. Mi única preocupación es que Salvador Mazza no sea tierra de nadie. En este municipio tenemos una frontera muy importante y no puede ser que entren, salgan y hagan lo que quieran. Mi deber es ordenar y eso implica que las actividades económicas sean transparentes y tributen como corresponde. No se trata de ir contra nadie en particular, sino de cuidar los intereses de la comunidad y asegurar que todos los sectores cumplan con las normas. Esta acusación no es más que un intento de desviar la atención. Lo que realmente molesta es que hemos decidido enfrentar estructuras que durante años funcionaron de forma irregular. Lo que pido no es nada extraordinario: simplemente que se tribute al municipio como corresponde y dentro de un marco legal.
¿Qué implicancias tiene la falta de tributos en la frontera?
Es un problema grave y no es algo nuevo. Por ejemplo, el ferrocarril mueve muchísimo, pero no tributa un solo peso. Las UTE petroleras, que generan una importante actividad económica, pagan apenas 42.000 pesos por mes. ¿Cómo es posible que una actividad de esa magnitud contribuya tan poco? Mientras tanto, tenemos pequeños comerciantes y emprendedores que pagan impuestos religiosamente. Además, hay un enorme daño ambiental que no podemos ignorar. Por ejemplo, hace poco frenamos el transporte de combustible porque se hacía sin medidas de seguridad adecuadas. Se trasladaba combustible de un camión a un vagón en condiciones peligrosas, algo que ponía en riesgo a toda la comunidad. Estas prácticas son inaceptables. No busco quitarle el trabajo a nadie, pero es necesario que se haga de manera responsable y que se respete el medio ambiente y las normas.
¿Cómo afecta este escándalo a su gestión?
Mi gestión sigue adelante, pero no puedo negar que estos ataques buscan distraernos de nuestros objetivos. Nos encontramos con un municipio desfinanciado, con vehículos desguazados y deudas enormes por alquiler de maquinaria que ascendían a 90 millones de pesos por mes. A pesar de eso, logramos grandes avances: pavimentamos 19 cuadras, construimos canchas polifuncionales, mejoramos escuelas y estamos comprando maquinaria vial con fondos genuinos. Por otro lado, el impacto positivo de nuestra gestión es evidente. En apenas un año hemos logrado lo que no se hizo en décadas. Hemos invertido en educación, infraestructuras y servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de la gente. Todo esto se hace mientras enfrentamos ataques que claramente son una reacción a los intereses que hemos tocado.
¿Qué intereses cree que está afectando?
Es evidente que estamos tocando intereses económicos y políticos de larga data. Muchas de estas actividades llevaban años funcionando sin regulación ni transparencia, y ahora que pedimos que cumplan con sus obligaciones, aparecen contratos millonarios que nunca se habían mostrado. Esto no es casual. Un ejemplo claro es lo que ocurre con el ferrocarril. Hay contratos de mucha plata entre empresarios y el sistema ferroviario, y recién ahora, bajo presión, están saliendo a la luz. No se trata solo del ferrocarril, sino también de petroleras y otras actividades. Mi obligación como intendente es asegurar que estas actividades no solo cumplan con las normas, sino que también beneficien a la comunidad.
¿Cómo analiza el cambio de fuero judicial del caso?
Me llama la atención que la Justicia provincial haya transferido el caso a la Federal. Por un lado, me parece positivo porque puede darle más visibilidad al tema, pero también me pregunto por qué la Justicia local decide apartarse del caso. Aquí hubo un acto de agresión hacia mi persona que fue pasado por alto. Nunca se llamó a testigos ni se investigó como correspondía. De todas formas, voy a insistir en ambas jurisdicciones para que se investigue a fondo. No puedo permitir que se siga sembrando confusión. Mi obligación como intendente es demostrarle a la comunidad que estoy trabajando por sus intereses y que no tengo nada que ocultar.
¿Qué mensaje le daría a lo que lo acusan de usar el poder político a su favor?
Mi responsabilidad es con el pueblo de Salvador Mazza. Amo a mi comunidad, crecí aquí y aquí quiero morir. Todo lo que hago es para devolverle al pueblo lo que otros dejaron de lado durante años. Hay quienes se sienten incómodos porque estamos tocando intereses económicos que antes se escondían bajo la alfombra, pero no voy a detenerme. Mi gestión es clara en cuanto a orden y transparencia.
Finalmente ¿cómo evalúa la respuesta de la comunidad a todo esto?
Afortunadamente, siento el apoyo y el afecto de la gente. Ellos saben que mi prioridad es defender sus intereses, no los de unos pocos. Los vecinos ven las obras, los cambios y la forma en que estamos ordenando cosas que antes nadie se animaba a tocar. Por supuesto, estos cambios generan reacciones. Hay personas que durante años se beneficiaron de la falta de control y ahora ven amenazados sus privilegios. Pero yo confío en que la mayoría de los vecinos entiende que todo lo que hacemos es por el bien común. Salvador Mazza está creciendo, y nuestro objetivo es garantizar que este crecimiento sea ordenado, justo y sostenible.