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La relación entre el Gobierno libertario y los gobernadores pasa por su peor momento, sin que se avizore una distensión. Ayer, el Gobierno anunció que elimina el fondo a través del cual el Estado subsidia a las empresas de colectivos del interior del país, en el marco del ajuste fiscal, y los gobernadores se mostraron indignados porque ven la medida como una venganza ante el fracaso de la ley Bases en Diputados.
Se trata del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios en las provincias, según indicó el Ministerio de Economía.
Esa cartera sostuvo además que la reducción de los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional, apunta a "concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa" a través de la tarjeta SUBE, un sistema que no funciona en Salta.
"Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también se establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor", justificó Economía.
Bronca en el interior
Los gobernadores reaccionaron con enojo por las consecuencias económicas y la lectura política que hicieron de esta quita de subsidios a dos días del fracaso de la llamada ley Ómnibus.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), sostuvo, a través de su cuenta en la red X, que la eliminación de subsidios del transporte en las provincias "incumple", justamente, ese acuerdo fiscal y, por el contrario, mantiene "fuertes asimetrías entre el AMBA y el esto del país".
El santafesino Maximiliano Pullaro aseguró que a la provincia que gobierna "siempre la discriminaron" y, en esta ocasión, sufrirá la quita de unos "1.500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los de transporte".
"El Estado nacional pretende tener a los gobernadores de rodillas", consideró el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia "para defender el patrimonio" de la provincia ante las medidas tomadas por el Gobierno nacional.
En tanto, un grupo de intendentes de las principales ciudades del país -Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Jorge Jofre (Formosa), Roy Nikisch (Resistencia), Emiliano Durand (Salta) y Rosario Romero (Paraná), entre otros- expresaron en un comunicado conjunto su "extrema preocupación" y advirtieron que la medida "es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse".