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A pocos días de la audiencia clave ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio por la expropiación de YPF, emitió un comunicado en el que sugirió al Gobierno argentino abrir una instancia de negociación para evitar el pago de los US$16.000 millones impuestos por la Justicia estadounidense.
Burford, que compró los derechos de litigio de antiguos accionistas minoritarios de la petrolera, aseguró que "como todo litigio, el caso conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total". El fondo británico advirtió además que "subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones y procedimientos de ejecución en otras jurisdicciones".
En su mensaje, Burford subrayó que "las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias", en una clara señal hacia Buenos Aires para que busque un acuerdo antes de que la causa avance. Y aclaró que "en caso de existir conversaciones tendientes a un acuerdo, no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión".
El juicio tiene origen en la estatización de YPF dispuesta en 2012 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de la petrolera a la española Repsol sin cumplir, según la Justicia de Estados Unidos, con los mecanismos de oferta pública previstos en el estatuto de la empresa.
La próxima instancia será el 29 de octubre ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde la Argentina dispondrá de 30 minutos para exponer los fundamentos de su apelación contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que en 2023 condenó al país al pago de la multimillonaria suma. Los demandantes tendrán 10 minutos para defender la sentencia y otros 10 para la apelación cruzada vinculada a YPF.
El fallo, que ya es ejecutable desde enero de 2024, mantiene abierta la posibilidad de embargos sobre activos argentinos en el exterior. Tras la audiencia, el tribunal deliberará y publicará su decisión, lo que podría demorar varios meses o incluso un año. Si alguna de las partes no resulta conforme, podrá recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El Gobierno decidió no acordar
Aunque el fondo británico Burford Capital insiste desde hace casi dos años en abrir una negociación para reducir la condena de US$16.000 millones por la expropiación de YPF, el Gobierno de Javier Milei mantiene su postura de no acordar y llevar el caso hasta las últimas instancias judiciales.
El propio Presidente afirmó que Argentina no aceptará pagar "ni un dólar más de lo justo" y que agotará todos los recursos de la vía judicial, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, para revertir la sentencia de US$16.000 millones.