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La Cámara Federal de Casación resolvió ayer el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la casa por la contratación de seguros durante su gobierno en la que está acusado por administración fraudulenta y por negociaciones incompatibles con la función pública.
Así lo definieron los jueces de la Sala II de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun y Roberto Boico, con la disidencia parcial de Eduardo Farah.
El Tribunal de Apelaciones confirmó así los procesamientos que había resuelto el juez federal Sebastián Casanello, en la causa en la que intervino el fiscal Carlos Rívolo. A partir de ahora, si Casanello y Rívolo consideran que la investigación del caso está concluida, el exjefe de Estado será enviado a juicio oral.
Casación dio por probada la existencia de un esquema de "recaudación y distribución de fondos públicos" que operó mediante el "irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en 'NACIÓN SEGUROS S.A.'" durante la gestión de Fernández.
En la causa se investigan las motivaciones del decreto 823/2021, que obligó a las entidades del sector público a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., para lo cual se usaron intermediarios como el bróker Héctor Martínez Sosa.
"Esa maniobra de favorecimiento tuvo como factor característico y neurálgico, el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero", señala la resolución.
La Cámara también ratificó el procesamiento de Martínez Sosa y su esposa, María Cantero.
La misma situación fue ratificada para Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Embargo y comisiones
Además del procesamiento de Alberto Fernández, Casación también ratificó el embargo por $ 14.634.220.283, y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
El tribunal estimó que está corroborada la hipótesis del fiscal acerca de que hubo "direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia" por parte de Fernández en favor del bróker Héctor Martínez Sosa.
Las pruebas revelaron que la empresa de Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales desde que Fernández fue designado presidente.