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La defensa de Diego Spagnuolo presentó un pedido de sobreseimiento y sostuvo que los audios que originaron la causa Andis son falsos y fueron manipulados con inteligencia artificial. El planteo fue acompañado por un peritaje técnico elaborado por la empresa Graudio Forensics, con sede en Madrid, que detectó múltiples ediciones, cortes y trazas compatibles con voz sintética en el archivo que se viralizó en agosto y desató el escándalo. El informe ingresó al juzgado de Sebastián Casanello y también fue presentado ante la Cámara Federal, que tiene pendiente resolver los planteos de nulidad.
Según ese estudio, el audio analizado -extraído de una transmisión de YouTube del canal Carnaval- "no mantuvo continuidad temporal" y presenta al menos 18 microcortes, lo que, según los peritos, resulta "compatible con una edición y manipulación posterior". Además, se señaló que parte de la grabación correspondería a una conversación presencial en un lugar público y otra parte tendría "características acústicas de comunicación telefónica". En ese tramo, una herramienta basada en red neuronal profunda arrojó un 65% de probabilidad de presencia de voz generada con IA. Aun así, el documento advirtió que, por tratarse de una secuencia incompleta y editada, no fue posible arribar a una conclusión definitiva sobre la autenticidad del audio.
Sobre esa base, el abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, argumentó que la investigación se inició a partir de una prueba "adulterada e irregular" y planteó la nulidad absoluta del proceso aplicando la doctrina del "fruto del árbol envenenado". En sus escritos sostuvo que el fiscal Franco Picardi utilizó el audio como punto de partida para habilitar las diligencias iniciales, aunque luego aclaró que no lo incorporó como prueba formal. Para la defensa, esa contradicción resulta determinante para invalidar todo lo actuado.
En la causa, Picardi imputó a Spagnuolo por presunta participación en una estructura que habría direccionado compras de medicamentos e insumos de alto costo entre 2023 y 2025 mediante sobreprecios y cobro de sobornos. Según la fiscalía, ese esquema -que involucraría más de 48.000 millones de pesos- operó dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, afectando programas destinados a personas con pensiones no contributivas y sin cobertura de salud.