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El Gobierno nacional decidió no avanzar con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. En su lugar, baraja una serie de propuestas que buscan mantener el déficit fiscal cero, uno de los pilares de la administración libertaria.
La medida se adoptó luego de intensas negociaciones. "Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo, y sostiene el equilibrio fiscal", destacó un funcionario. A pesar de que inicialmente se había resuelto seguir con las derogaciones, finalmente los equipos técnicos decidieron cambiar de estrategia para asegurar el balance fiscal sin eliminar las leyes.
La Ley de Leyes, que ayer obtuvo dictamen en el Senado y se tratará el 26 de este mes, se verá acompañada por nuevas propuestas para modificar la ley de emergencia en discapacidad. En este marco, el Gobierno propone que la pensión no contributiva para personas con discapacidad tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, ajustado a las variaciones de las jubilaciones. Además, será compatible con un vínculo laboral siempre y cuando los ingresos del beneficiario no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles, actualmente fijados en $334.800.
Se mantendrá la compensación de emergencia retroactiva, con una actualización que se basará en los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, además del porcentaje de variación del IPC. También se propondrán modificaciones en los procedimientos de auditoría de las pensiones para acelerar el proceso y eliminar las que presenten irregularidades.
Financiamiento universitario
En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno desistió de su derogación, pero planteará un aumento del 20% en el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento respecto a los créditos asignados en 2025. En cuanto a la actualización salarial, que antes estaba sujeta a la inflación, se propondrá un incremento escalonado del 5% en diciembre de 2025, seguido por cuatro aumentos del 2% durante los primeros cuatro meses de 2026. También buscará que junio sea el mes en que se evalúen las diferencias salariales por inflación, en lugar de hacerlo de manera automática.
El Ejecutivo espera que el Presupuesto 2026 sea aprobado en diciembre. Para ello, flexibilizó el capítulo XI del proyecto y avanzará en negociaciones con gobernadores y aliados que habían mostrado resistencia en Diputados.