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La modificación de la Ley de Glaciares (26.639) es uno de los temas más importantes que se debaten en el Senado desde el comienzo del periodo de sesiones extraordinarias. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) impulsa la reforma de la normativa, mientras que parte de la oposición, particularmente Unión por la Patria (UxP), defiende su preservación para conservar las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, que es el principal objetivo de la ley.
El oficialismo pretende modificar la ley con el fin de habilitar proyectos vinculados a la megaminería y, con ello, facilitar el desarrollo económico, especialmente en los sectores de hidrocarburos.
El bloque de LLA en la Cámara alta sostuvo que la ley actual genera "inseguridad jurídica y parálisis de inversiones", por lo que el proyecto que impulsan desde el Ejecutivo busca restringir el objeto de protección solo a aquellos glaciares que "cumplan una función hídrica efectiva y estratégica" y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.
Esa modificación busca respetar el federalismo y la autonomía de cada una de las provincias para decidir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten distritos con posible explotación de Litio y Cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy.
Los que rechazan la iniciativa
Los senadores opositores al gobierno de Javier Milei son los que rechazan esta iniciativa, pero quienes se manifiestan en contra son los miembros de UxP, a pesar de la existencia de divisiones internas.
Paralelamente, las organizaciones ambientalistas advirtieron a los senadores que los cambios que propone LLA dejan en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce, que pretende proteger la ley actual.
El bloque peronista, comandado por el senador José Mayans, mantiene una posición crítica, que se alinea con sectores sindicales y que busca proteger los recursos hídricos.
Por el momento, el bloque opositor evitará una reforma que elimine por completo la ley y buscará un documento que priorice la protección ambiental sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.