inicia sesión o regístrate.
Tiempo de descuento en el multimillonario juicio por la expropiación de YPF. Hasta mañana tienen plazo el Gobierno y la petrolera estatal para responder a un requerimiento de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que podría hacer que ella revoque el fallo por el que el Estado argentino deberá pagar US$16.100 millones por la estatización de la compañía.
Es probablemente la última oportunidad para que la Argentina no se vea obligado a pagar la segunda deuda más grande después del crédito del FMI de US$45.000 millones otorgados al Gobierno de Mauricio Macri en 2018.
La fundación Republican Action for Argentina solicitó a la jueza Preska que anule el fallo por el que condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford y Eton Park e investigue a los involucrados en la nacionalización de la petrolera argentina YPF.
El abogado Fernando Irazu, representante de la fundación Republican Action for Argentina, confirmó ayer que la presentación fue hecha el pasado 17 de febrero y que la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.
"Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos", señaló Irazu.
El 2023, Preska condenó al Estado argentino por la decisión en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, de expropiar a la española Repsol el 51 % de las acciones de YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otro accionista minoritario de la mayor petrolera del país: el Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi.
El caso se inició en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda contra el Gobierno argentino, tras adquirir los derechos de litigio de las dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Esas dos sociedades tenían una participación accionaria del 25 % en YPF al momento de la nacionalización. Por ello no tomaron parte del juicio en Nueva York.
Burford y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no eran de Repsol.
Argentina argumentó durante el juicio que la ley de nacionalización de YPF aprobada por el Parlamento en 2012 por impulso del entonces Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.
Investigación criminal
En su presentación, Republican Action for Argentina pidió a la jueza la suspensión del proceso, la nulidad del fallo y que se inicie una investigación criminal contra los demandantes y el resto de las partes involucradas, incluyendo, entre otros, a Cristina Fernández y a la familia Eskenazi.
Según denuncia la fundación en su presentación, en 2008 "la familia Kirchner obligó" a Repsol a vender "un 25% de YPF a la familia Eskenazi", la cual, después de la nacionalización de 2012, no pudo afrontar el pago de los préstamos tomados para ingresar a YPF y las empresas del grupo Petersen quebraron en España.
En el escrito se afirma que la familia Eskenazi celebró luego un acuerdo con Burford y Eton Park para financiar y proseguir el costoso reclamo judicial "y finalmente dividir la indemnización de más de 16.100 millones de dólares".
Irazu cuestionó que este accionar "sea garantizado, en última instancia, mediante un fallo judicial de los Estados Unidos", por lo que pidió su nulidad.
La causa que tiene casi dos décadas
La denuncia por el vaciamiento de YPF, que realizara la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en 2006, es uno de los argumentos que Republican Action for Argentina presentó a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para revocar la condena a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la estatización de la petrolera.
Hace 19 años, Carrió denunció ante el juez federal Ariel Lijo -hoy candidato del presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema- al gobierno de Néstor Kirchner por el vaciamiento de la compañía mediante su descapitalización y "conductas depredatorias" sobre las reservas de gas y petróleo.
Esa presentación fue ampliada por Carrió en 2012, cuando se opuso a la expropiación del 51% de las acciones de YPF que tenía Repsol. En 2023 sumó una acusación contra Cristina Kirchner al considerarla responsable de la indemnización que la Argentina debía pagar tras el fallo de Preska.
Otro de los argumentos que presentó Republican Action for Argentina fue un duro informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de 2018. Allí se desentraña la trama financiera del Grupo Petersen (de los Eskenazi) para quedarse con las acciones de YPF.
A pesar del paso de los años y las presentaciones, el juez Lijo hasta ahora no citó a indagatoria a nadie.
Ayer, el presidente Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, advirtió a través de la red social X, que el Gobierno debe responder con celeridad a la consulta abierta por la jueza Preska.
"Gracias a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina y a la denuncia de @elisacarrio y la Coalición Cívica, que el juez Ariel Lijo mantiene cajoneada desde hace años sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares", escribió.
La diputada nacional por la CC-ARI, Marcela Campagnoli, sostuvo a través de la misma red social: "Esperemos que el gobierno @JMilei e @YPFoficial contesten antes que venza el plazo que les dio la jueza Loretta Preska para el 25/2".
Y puntualizó: "La presentación en EEUU se basó, como dice la nota, en la denuncia del 2006 de Elisa Carrio sobre el vaciamiento de YPF y el informe de la UIF del 2018 a cargo de @MarianoFederici Y desnuda la inoperancia del juez Lijo".