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La oposición dio el batacazo el martes pasado al aprobar en Diputados la creación de una comisión investigadora que se encargará de rastrear las huellas de la responsabilidad política del presidente Javier Milei y de altos funcionarios de su Gobierno en la criptoestafa $Libra.
Las pesquisas ordenadas por el fiscal Eduardo Taiano, así como el avance de la causa colectiva abierta por damnificados en EEUU, abre el interrogante acerca de cuál es el límite de las competencias que tendrá la comisión investigadora en la Cámara baja para no interponerse en el camino de la Justicia.
También es lícito preguntarse qué duración tendrá la comisión, así como los objetivos trazados y su composición. El dictamen de mayoría aprobado por 128 votos positivos, 93 rechazos y siete abstenciones resuelve estas cuestiones.
En el artículo 2°, se establecen como objetivos "investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA", y "determinar el grado de participación y la responsabilidad política de Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, como también la de todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso".
En el texto, también se enumeran las "atribuciones" adjudicadas a la comisión. En primer lugar, se menciona la función de "remitir oficios y solicitar informes a entes públicos o privados". En segundo término, la comisión podrá "convocar a funcionarios públicos y terceros interesados, como también tomar declaraciones testimoniales".
Entre las atribuciones también se encuentra la de "recibir denuncias y material probatorio sobre el objeto de la investigación, como asimismo efectuar denuncias ante los organismos competentes, que resulten del curso propio de la investigación".
Por otra parte, se incluye la función de "recabar información relacionados con el objeto de la investigación, pudiendo solicitar a organismos públicos la realización de peritajes y estudios técnicos".
En tanto, la comisión podrá "poner en conocimiento de las autoridades competentes el incumplimiento, resistencia, demora y obstaculización tendiente a interferir en el normal y efectivo desarrollo de las actividades de la comisión".
Se estipula un plazo de tres meses a contar desde la constitución oficial de la comisión para que finalice la producción de informes detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos.