La Corte Suprema de Justicia de dio vista ayer al procurador general interino Eduardo Casal para que dictamine si respalda el reclamo de la fiscalía para subir de 6 a 12 años la condena a prisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en el primer paso que debe dar para activar el trámite de 17 recursos de queja presentados en el caso.
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La Corte Suprema de Justicia de dio vista ayer al procurador general interino Eduardo Casal para que dictamine si respalda el reclamo de la fiscalía para subir de 6 a 12 años la condena a prisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en el primer paso que debe dar para activar el trámite de 17 recursos de queja presentados en el caso.
El máximo tribunal del país dio vista a Casal para que resuelva sobre la queja directa que presentó el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar, quien reclama que se agrave la situación de la expresidenta y se la condene a 12 años al sumar el delito de asociación ilícita al de administración fraudulenta.
Por este último delito la exmandataria quedó condenada, al término de un juicio oral, a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, decisión que fue confirmada por la sala IV de la Cámara Federal de Casación y ahora llega a la Corte mediante recursos de queja directa.
El máximo tribunal pidió opinión a la Procuración en relación a si sostiene o no la apelación de la fiscalía.
Casal no tiene plazos para expedirse y, una vez que entregue su dictamen, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti comenzarán a debatir si abren o no los recursos de queja directa.
El Procurador General opinará antes de que termine abril sobre si Cristina Kirchner debe ser condenada también por asociación ilícita
En caso de rechazarlos, las condenas de todos los acusados en el caso Vialidad quedarán firmes y comenzarán a ejecutarse.
Villar había reclamado ante Casación que se duplique la pena impuesta a la exmandataria porque considera que debe revocarse su absolución por asociación ilícita, uno de los dos delitos en base a los cuales la juzgó el Tribunal Oral Federal 2.
Casación rechazó esta postura y confirmó la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Villar presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte, rechazado por inadmisible, y ahora también, al igual que las defensas de los condenados, fue en queja directa al máximo tribunal.
En su recurso, Villar calificó de "arbitraria" la decisión de Casación y advirtió que la sentencia que ratificó las absoluciones por asociación ilícita de la expresidenta y también del condenado empresario Lázaro Báez son una "decisión inválida".
El fiscal también se presentó en queja por la absolución de tres de los acusados: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el exintegrante de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, y sobre todo esto deberá ahora dictaminar Casal.