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Los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, solicitaron que el dinero recuperado de la maniobra defraudatoria sea destinado a obras de interés público, como escuelas, hospitales, infraestructura y viviendas. El monto que la Justicia busca recuperar asciende a la exorbitante cifra de $684.990 millones.
Si el destino de esos fondos fuera el propuesto por los fiscales, el Gobierno de la provincia de Salta podría casi triplicar la partida que destinará a toda la obra pública este año, que según el Presupuesto 2025, asciende a $271.638 millones. Con medio año transcurrido, es probable que la cifra del presupuesto para obras esté actualizada, aunque si se toma el índice de precios (15,1% de inflación acumulada entre enero y junio) no habría un cambio sustancial.
La remodelación y ampliación del hospital San Bernardo (que atiende a un 1 millón de personas por año) fue cotizada en $2.218 millones en 2023 cuando se inició. El dinero de la causa Vialidad representa 308 veces el valor de las obras del emblemático hospital salteño.
El nuevo edificio de la Escuela Técnica "Nikola Tesla" de General Güemes fue cotizado en octubre de 2023, en $483 millones que, al valor del dólar en ese momento ($347 por dólar) equivalía a casi 1,4 millones de dólares. Una actualización simple en pesos (multiplicar ese monto en dólares por la cotización de ayer de $1.278 por dólar) eleva el costo de la escuela técnica hoy a unos $1.777 millones. Con lo que se recupere de la causa Vialidad, se construirían 365 edificios como la Tesla.
Si el análisis se hace a nivel nacional, según estimaciones del diario La Nación, los $648.9990 millones de la defraudación con obras viales en Santa Cruz, representan 3,5 veces el presupuesto que el Ejecutivo nacional destina al hospital Garrahan; o 4,6 veces lo destinado a la educación superior, que incluye a las universidades. Se resolverían, así, los dos reclamos que más ruido le hacen al gobierno de Javier Milei.
Lo que sigue
El Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner y a otros ocho imputados, entre los que figuran Lázaro Báez, José López, y Nelson Periotti. A todos ellos les otorgó diez días hábiles, que se vencen el 13 de agosto, para pagar los $648.990 millones. Cumplido el plazo, los jueces verificarán si el dinero fue depositado en una cuenta específica del Banco Nación. Si no cumplen, ejecutará los bienes embargados.
Como los condenados pagarán en forma solidaria el daño causado al Estado, el monto no se divide en partes iguales entre los nueve, sino que deberán ponerse de acuerdo entre ellos sobre el valor que devolverá cada uno.