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Los beneficiarios del fallo por la nacionalización de la petrolera estatal YPF presentarán este jueves un escrito ante la jueza estadounidense Loretta Preska para solicitar que se declare a la Argentina en desacato. De prosperar el planteo, el Estado argentino podría enfrentar sanciones administrativas y/o económicas en el marco del litigio que ya derivó en una condena por unos 16.100 millones de dólares.
La iniciativa será impulsada por los demandantes, entre ellos el fondo Burford Capital, que argumentan un presunto incumplimiento de una orden judicial. Según sostienen, la Argentina no habría entregado en tiempo y forma registros de WhatsApp y otros servicios de mensajería, como Gmail o Telegram, correspondientes a determinados funcionarios públicos. El plazo para completar esa presentación venció el pasado 10 de enero.
Los plazos
El especialista Sebastián Maril informó en la red social X que los beneficiarios del fallo ya notificaron al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que este jueves 15 de enero presentarán su primer escrito solicitando el desacato y la eventual aplicación de sanciones. En tanto, el país tendrá plazo hasta el 19 de febrero para presentar su defensa formal ante la jueza Preska.
Según explicó Maril, el reclamo se basa en un supuesto incumplimiento parcial de la orden judicial. "La gran mayoría de los funcionarios ya presentó la información requerida, pero al 12 de enero restaban seis que no lo habían hecho", señaló.
En ese sentido, la Argentina sostendría que cumplió con el 90% del pedido, al haber entregado datos correspondientes a 30 de los 36 custodios de información solicitados.
El trasfondo
El trasfondo del planteo apunta a reforzar la estrategia de los demandantes para demostrar que distintas empresas y organismos públicos funcionan como "alter ego" del Estado argentino. Entre ellos figuran YPF, Energía Argentina, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central de la República Argentina.
Bajo ese concepto legal, buscan habilitar la posibilidad de embargar activos de esas entidades para ejecutar la sentencia, al considerar que el control estatal es tan intenso que no pueden distinguirse jurídicamente del propio Estado.
Un impacto negativo
Desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno ha puesto el foco en reconstruir la confianza internacional y fortalecer vínculos con las principales potencias, con el objetivo de atraer inversiones y mejorar la credibilidad externa. En ese contexto, una eventual declaración de desacato podría generar un impacto negativo, según advirtió Maril, al diferenciar la situación actual de otros períodos en los que el país se encontraba más aislado.
No obstante, el analista remarcó que aún no puede darse por hecho el desacato y que existe la posibilidad de que la jueza Preska considere suficiente el grado de cumplimiento alcanzado por la Argentina. En cuanto a las sanciones, explicó que el abanico es amplio y no está definido: podrían ser económicas, administrativas o incluso restricciones migratorias para determinados funcionarios. En cualquier escenario adverso, adelantó, el Estado argentino apelará las medidas que eventualmente se dispongan.