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El silencio de los pasillos de Casa Rosada, matizado por el receso estival de varios ministros, no logra ocultar el ruido de fondo que genera el proyecto más ambicioso de Javier Milei: la modernización laboral. Lo que puertas afuera se presenta como un bloque sólido, hacia adentro exhibe una grieta estratégica que divide a la "mesa chica" entre quienes apuestan a la flexibilidad política y aquellos que consideran que el texto de Federico Sturzenegger ya no admite ni una coma más de edición.
La disputa no es menor. Se trata de definir si el Gobierno está dispuesto a "entregar" parte del articulado original para asegurar la supervivencia de la ley, o si mantendrá la pureza del proyecto a riesgo de un nuevo traspié legislativo.
En un rincón de esta puja se ubica un sector pragmático liderado por figuras de peso. Patricia Bullrich, quien hoy comanda el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, encabeza la postura de "oídos abiertos". Bajo la premisa de que “si no se modifica el espíritu de la reforma, podemos conversar”, los dialoguistas buscan desactivar las minas que los bloques aliados y sectores corporativos han plantado en el camino del proyecto.
Sin embargo, esta visión choca de frente con el ala más rígida del entorno presidencial. Para este grupo, la reforma ya es, en sí misma, un proyecto de consenso que sufrió múltiples recortes durante su redacción original. La orden que emana de este sector es clara: no hay margen para más concesiones.
Las fechas clave y el "laboratorio" de Tajes
Mientras la cúpula debate, la maquinaria técnica no se detiene. En la Cámara Alta, la segunda semana de enero será crucial. Allí entrará en funciones un equipo especializado bajo la dirección de la abogada Josefina Tajes, cuya misión será analizar quirúrgicamente cada una de las objeciones presentadas por los sectores disidentes.
Este "laboratorio" jurídico es el paso previo al 26 de enero, fecha marcada en rojo en el calendario oficial, cuando los senadores deberán sentarse a discutir la temática con el objetivo de llegar al recinto en los primeros días de febrero.
El despliegue territorial: el factor Santilli
La estrategia no se agota en las oficinas porteñas. El ministro del Interior, Diego Santilli, inició hoy una gira por el interior profundo, comenzando por la provincia de Chubut. El encuentro con el gobernador Ignacio Torres no es casual: el Gobierno sabe que el éxito de la reforma laboral se cocina en las provincias, negociando voto a voto con los mandatarios que controlan las voluntades de sus legisladores.
A pesar del hermetismo, en Balcarce 50 ya tienen identificado el foco del incendio. Las mayores resistencias no pasan solo por lo ideológico, sino por lo económico. Dos puntos concentran el rechazo:
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El capítulo tributario: que genera fricciones con las administraciones provinciales.
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El Fondo de Asistencia Laboral (FAL): un esquema que obliga a los empleadores a aportar mensualmente el 3% de la remuneración bruta de sus trabajadores, una medida que ha puesto en alerta tanto a gremios como a cámaras empresariales.
Un rompecabezas que debe encastrar
La tarea de armonizar estas voces recae sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su desafío será alinear a actores de perfiles tan diversos como Martín Menem en Diputados, el armador Eduardo “Lule” Menem y la propia Bullrich.
A mediados de enero, cuando la planta baja de la Casa de Gobierno recupere su ritmo habitual, la mesa política deberá haber limado sus asperezas. Para el presidente Milei, la reforma no es solo una ley; es la piedra angular de su gestión económica. En los próximos días se sabrá si el Gobierno elige el camino de la ortodoxia legislativa o si finalmente cede ante el pragmatismo político para anotarse su primer gran triunfo del año.