inicia sesión o regístrate.
Ayer, ante fiscales de la Unidad Especializada que se conformó en Salta para reimpulsar la investigación del crimen de Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (24), las jóvenes francesas cuyos cuerpos fueron hallados el 29 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, con evidencias de un calvario de golpes, violación y disparos a sangre fría, Jean-Michel Bouvier puso el foco en las presiones políticas que bajaron a los operadores judiciales y policiales para cerrar el caso a como diera lugar. De esas presiones, que terminaron con la búsqueda de la verdad real distorsionada, mucho se dijo, escribió y denunció, pero hasta ahora en el expediente penal no había una sola foja que las considerara.
Eso cambió desde ayer, porque el padre de Cassandre expuso con lujo de detalles ante el Ministerio Público Fiscal la forma en que esas presiones se encadenaron y terminaron convirtiendo a la instrucción en una "farsa judicial y policial" que favoreció a autores del aberrante doble femicidio con velos de impunidad.
Bouvier recordó que en septiembre de 2011 mantuvo una reunión en Francia con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según relató, el encuentro se produjo durante un viaje oficial vinculado a una cumbre del G20 y se concretó luego de que fuera convocado por la Embajada Argentina. En esa reunión, la mandataria le entregó un dossier con información sobre la investigación del doble crimen.
Bouvier precisó que el documento estaba compuesto por hojas membretadas y que contenía un resumen del avance de la investigación hasta agosto de 2011. Agregó que ese mismo material ya le había sido enviado dos días antes, lo que —según dijo— le generó una enorme sorpresa, ya que a menos de un mes del asesinato de su hija y de Houria el caso aparecía en ese informe prácticamente resuelto.
Añadió en su testimonial que durante aquel encuentro la entonces presidenta le manifestó que su par francés, Nicolás Sarkozy, ejercía una constante presión para esclarecer el caso con repercusión internacional.
Bouvier agregó que, en otra oportunidad, el entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también le había manifestado que la jefa de Estado argentina seguía muy de cerca el expediente y reclamaba en forma constante avances en la investigación, con el viaje a Francia próximo.
El padre de Cassandre pidió a los fiscales de la Unidad Especializada que convoquen a declarar a cualquiera de los mencionados, y de ser posible a los tres, por las vías que consideren apropiadas, para confirmar la veracidad de su declaración.
Según fuentes cercanas al expediente, es la primera vez que ese aspecto -el de las presiones políticas- es incorporado a la causa judicial. Y no es un detalle menor, ya que Bouvier denunció ante la Justicia de Francia y ahora ante la de Salta que este informe llegó a sus manos y a las de Sarkozy lleno de imprecisiones y falsedades que hoy son más evidentes que entonces.
Ayer, tras completar su extensa testimonial ante la Unidad Especializada, Bouvier se reunió con el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella. Durante dos horas, el jefe de fiscales escuchó los planteos e inquietudes formulados por el padre de Cassandre en relación con distintos aspectos vinculados al avance de la investigación y los puntos que -a su criterio-, resultaría necesario profundizar para el esclarecimiento de los hechos.
Bouvier también expresó su conformidad con el trabajo llevado adelante por la Unidad Fiscal que constituyó García Castiella en febrero de 2025 , y reafirmó su expectativa ante las medidas pendientes de realización.
Francia, con jueza
En Francia, la denuncia que presentó Bouvier con el patrocinio de William Bourdon -uno de los abogados europeos con mayor renombre internacional- y Colomba Grossi -penalista experta en derecho internacional y procedimientos de extradición- comenzó a mover actuaciones en septiembre de 2025 en los tribunales de París. Desde ese distrito judicial europeo se confirmó que fue designada una jueza de Instrucción, Emmanuelle Robinson, quien evalúa las fechas (inicialmente en abril) en las que podrían concretarse las medidas del exhorto internacional que se remitió el mes pasado.
Entre tanto, una unidad especial de casos no resueltos de la Policía Nacional francesa ya examina los antecedentes de la instrucción judicial que tan pronto como se inició en Salta el 29 de julio de 2011, cuando los cuerpos de la historiadora Cassandre Bouvier (29) y la socióloga Houria Moumni (24) fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo, distorsionó la búsqueda de la verdad.
En su largo testimonio ante fiscales, Bouvier denunció maquinaciones probatorias, falsas inculpaciones arrancadas con tormentos policiales, reinterpretaciones forzadas de la data de las muertes precisada por las autopsias, exclusión de evidencias de ADN, desaparición de muestras genéticas y otras irregularidades también expuestas en su presentación penal ante los tribunales de París.
En ese expediente están apuntados a la par de "actores desconocidos" una treintena de salteños cuyos desempeños, intervenciones y responsabilidades se pidió investigar. En la nómina resaltan el exgobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Seguridad de aquellos años, Aldo Rogelio Saravia, y el juez que llevó adelante la instrucción, Martín Pérez; junto a otros funcionarios políticos, magistrados, peritos oficiales y policías que fueron premiados con ascensos en agosto de 2011. Doce de esos oficiales y suboficiales, por apremios, torturas y falseamientos probatorios ventilados en el juicio de 2014, fueron imputados, procesados y tienen pendiente un juicio en Salta desde entonces. Entre ellos se cuentan dos altos oficiales, Walter Mamaní y Rodrigo Emanuel Bautista, acusados de plantar pruebas y distorsionar la investigación que, por la endeblez del plexo probatorio, terminó con un único condenado, Gustavo Lasi, y los otros dos imputados absueltos en el juicio: Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera. La absolución de este último fue revocada dos años después por una de las salas del Tribunal de Impugnación que, excedida en sus facultades, lo sentenció a perpetua extendiendo así un largo encarcelamiento del jardinero que el propio Bouvier consideró injusto y arbitrario. En diciembre de 2023, la Corte Suprema anuló esa condena -con severos reproches a la Justicia salteña por la irregularidad procesal- y ordenó su inmediata liberación. Un año después, en diciembre de 2024, otra sala del Tribunal de Impugnación dictó el sobreseimiento definitivo de Vera, al considerar excedido el plazo razonable. Con la acción penal caída, la Justicia dejó al baquiano de San Lorenzo en un limbo sin inocencia ni culpabilidad confirmada. Siendo cosa juzgada, Vera quedó completamente desvinculado y no se lo podrá volver a investigar ni juzgar por el hecho que lo tuvo privado de libertad por diez años. En ese contexto, en febrero de 2025, el procurador García Castiella decidió dar un nuevo impulso a la investigación con la Unidad Especial que quedó conformada con los fiscales María Luján Sodero, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín.
A través de un exhorto internacional, que autorizó la jueza Ada Zunino el pasado 9 de febrero y se remitió a Francia a través de la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia gestionó el traslado de fiscales y especialistas en biología molecular a ese país para ampliar tareas investigativas, intercambiar aspectos técnicos y reunir elementos de interés probatorio para la causa.
La Unidad Fiscal sigue expectante a determinación de una fecha próxima, por parte del Tribunal francés, para la concreción de las medidas contempladas. Estas incluirían testimoniales a los expertos que llevaron adelante pericias en Francia, para analizar las conclusiones obtenidas y contrastarlas con las que se realizaron en Argentina. Las diferencias más relevantes se vinculan con los análisis genéticos y con las estimaciones de la data de las muertes.