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La polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se profundiza con el avance de la investigación judicial sobre los vuelos privados que realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de carnaval. En las últimas horas, la Justicia accedió a las facturas de los viajes y busca determinar quién financió los traslados. Según fuentes del caso, el vuelo de ida fue abonado por la productora Imhouse S.A., vinculada al periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario y quien además aseguró haberlo alojado en su casa en Uruguay. El regreso, en tanto, integró un paquete de diez vuelos que fue pagado por Agustín Issin Hansen, un ciudadano con domicilio en ese país, lo que motivó el inicio de un exhorto diplomático para obtener más información.
La empresa Alpha Centauri S.A., encargada de operar los vuelos, entregó la documentación al juez federal Ariel Lijo. Según esos registros, el tramo de ida tuvo un costo de US$4.830 y el paquete que incluyó el vuelo de regreso superó los US$40.000. La causa se originó a partir de denuncias de diputados nacionales y se investiga bajo las hipótesis de posible enriquecimiento ilícito o recepción de dádivas. Por ello, la fiscalía solicitó avanzar en la trazabilidad del dinero usado para pagar los vuelos y pidió desgrabaciones de las declaraciones realizadas por Adorni y Grandio sobre el tema.
En paralelo, otro expediente impulsado por la diputada Marcela Pagano amplió el foco de la investigación hacia presuntas irregularidades en contrataciones públicas y posibles conflictos de interés. En esa presentación se mencionan vínculos entre empresas que habrían participado en licitaciones millonarias y el entorno del funcionario. Además, la legisladora incorporó a la denuncia la existencia de una vivienda en un country de la provincia de Buenos Aires que, según sostiene, no figura en la declaración jurada de Adorni. La propiedad estaría vinculada a su esposa, Bettina Angeletti, lo que abre interrogantes sobre posibles inconsistencias patrimoniales. Con varias líneas de investigación abiertas, la Justicia avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el origen de los fondos y determinar si existieron irregularidades en el accionar del jefe de Gabinete.