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Acompañada por datos económicos cada vez más desalentadores, la incertidumbre sobre la sucesión presidencial hizo mover como pocas veces en los últimos años a varios dirigentes con aspiraciones de llegar al sillón de Rivadavia. En menos de siete días hubo fotos impensadas meses atrás, como la de Hugo Moyano con Mauricio Macri; lanzamientos virtuales, como el de Daniel Scioli y Juan Manuel Urtubey y reagrupamientos acelerados, como el de Julio Cobos, Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz. Todos ellos, en el fondo, compiten entre sí en su deseo de alcanzar el poder, aunque comparten una certeza: necesitarán de algo más que lindos discursos para llegar a la presidencia en 2015.
Cristina sigue siendo la dirigente con más imagen positiva de la Argentina, pese a haber descendido entre 15 y 20 puntos su aceptación en el último año. El dato no deja de ser llamativo, ya que la Presidenta está en el poder desde 2003 -como primera dama- y existe más de un tercio de la población que la respalda de manera irrestricta. Ese 35 por ciento ya le es cautivo, y lo seguirá siendo en los próximos tres años.
El problema del Gobierno es que empieza a debilitarse el respaldo del tercio de la población que no tiene decidido su voto hasta el último momento. Una parte importante de ese sector pertenece a la renombrada clase media, la principal afectada por el cepo al dólar. ¿A qué se debe ese retroceso? A lo mismo que inclinó la balanza a su favor en casi todas las elecciones pasadas: a la economía.
La caída en la producción industrial -cuatro por ciento- fue mayor para el Indec que para las consultoras privadas. La noticia, dependiendo de cómo se la mire, puede ser positiva o negativa. Que disminuya la actividad, desde ya, siempre es malo y afecta directamente al empleo, pero que se empiecen a sincerar los índices del país puede ser una señal alentadora para ir recuperando la confianza de los inversores.
Esa confianza, de todos modos, debe ir ligada también a otros sectores de la economía. La intervención del mercado de capitales y la pesificación unilateral de las deudas provinciales no son iniciativas tendientes a seducir a ningún hombre de negocios. Y mucho menos si estás decisiones se toman en medio de una crisis mundial a la que Argentina ha venido surfeando con relativa comodidad.
Si a eso se le suma la imposibilidad de los pequeños arroristas a atesorarse algunos pesos sin que se diluyan con la inflación, el coctel empieza a afectar a buenas capas de los votantes de Cristina hace un año.
El Gobierno conoce minusiosamente el enojo que existe en muchos empresarios, y eso le preocupa. Entonces propulsó la controvertida ley de ART, claramente impulsada por el empresariado y resistida por los trabajadores. Junto a la ley antiterrorista, literalmente dictada desde Washington, esta norma toca medularmente el discurso del oficialismo: lo que se conoce como “el relato”. El solo hecho de que el PRO -la supuesta derecha- y el kirchnerismo -el supuesto progresismo- hayan votado de la misma forma en un asunto económico es un hecho político revelador y que habla por si mismo.
La Fragata
La injusta retención de la Fragata Libertad en Ghana está desgastando a varios funcionarios del kirchnerismo a pasos agigantados. Muchos de ellos, como Héctor Timerman o Arturo Puricelli, quedaron en posiciones incomodísimas en la estructura central del poder. El ministro de Defensa, quien asumió 22 días después del escándalo que la culpa es suya, tiene los días contados en el Gabinete. ¿Por qué? Porque no pedirle la renuncia significaría dejar en evidencia otra contradicción. Si el Gobierno obligó a renunciar al jefe de la Armada y al jefe de inteligencia de la fuerza por creerlos responsables del asunto, no puede hacer otra cosa con el ministro de Defensa, quien directamente confesó su culpabilidad.
La responsabilidad de Puricelli es inocultable, pero no la única.