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El proceso contra los 13 acusados por la desaparición e introducción en la prostitución de María de los Angeles Verón comenzó a vivir los últimos días. Ante la sorpresa de la madre de Marita, el fiscal penal de Tucumán, Carlos Sale, pidió ayer 25 años de prisión. También reclamó la detención inmediata de los principales acusados del secuestro de la joven tucumana ocurrido hace 10 años. Sin dejar de lado su objetivo principal: “recuperar a Marita”, la querella solicitó un peso de indemnización a cambio de que revelen el paradero de la joven.
La condena máxima reclamada por Carlos Sale para siete de los trece acusados se basa en la legislación vigente hace diez años, cuando fue secuestrada y sometida a la prostitución Marita Verón, mientras para los otros seis imputados reclamó penas de doce años y seis meses de prisión como partícipes secundarios.
“No quiero dinero sucio”
Susana Trimarco, madre de Verón, defendió el pedido de una indemnización simbólica y solidaria de tan solo un peso al sostener que no quería “el dinero sucio que ganaron explotando y torturando mujeres”.
Su abogado, Carlos Varela Alvarez, solicitó una indemnización simbólica de un peso a cambio de que los imputados digan donde está Martita y que pidan disculpas por el secuestro.
“Tengo un largo camino por recorrer porque aún no encontré a mi hija, y ese es mi objetivo”, le dijo Susana a los medios a la salida de los tribunales en Tucumán.
“No me sirve para nada ni me interesa, sólo quiero a mi hija”, reclamó la mujer, que logró rescatar a decenas de jóvenes de redes de trata de personas durante la búsqueda de su hija.
El fiscal Sale planteó en su alegato acusatorio un pedido de 25 años de prisión contra María Jesús Rivero y su hermano, Víctor Rivero, como supuestos “autores intelectual y material”, respectivamente, del hecho, y a Daniela Milhein, Alejandro González, Irma Medina, José Fernando Gómez y Gonzalo Gómez, como “partícipes necesarios de la retención de la joven y su sometimiento a prostitución”.
Condenas leves
Los otros imputados, Humberto Deroberti, Paola Gaitán, Mariana Bustos, Carlos Luna, Azucena Márquez y Domingo Andrada fueron considerados por el fiscal como “partícipes secundarios”, por lo que pidió una condena a 12 años y 6 meses de cárcel.
El pedido de penas por parte de Sale se rigió por el artículo 142 Bis, inciso primero, que versa sobre la retención de una persona contra su voluntad.
En ese marco, destacó que “las testigos víctimas de trata no son cualquier testigo porque ellas pasaron por el sufrimiento y su relato puede ser confuso ya que estaban drogadas”.
Sale se fundamentó en el relato previo y valorización de pruebas y testimonios realizado por el fiscal de Cámara, Manuel López Rougés, quien aseveró que a Verón “le quitaron la posibilidad de elegir libremente su vida, la obligaron a practicar la prostitución”.
La audiencia de ayer fue abierta por el abogado querellante, Carlos Varela Alvarez, quien concluyó su alegato interrumpido el lunes por la descompensación del juez Eduardo Romero Lascano.
Marita Verón salió de su casa el 3 de abril de 2002 para dirigirse a una consulta médica y de acuerdo a la descripción de un testigo habría sido secuestrada por gente que bajó de un auto rojo. Tres días después fue descubierta por la policía en la localidad de La Ramada, a más de 30 kilómetros, usando zapatos con tacones en lugar de las zapatillas que tenía al desaparecer.
Al parecer escapaba de una fiesta sexual, y los policías la habían dejado en un ómnibus que regresaba a Tucumán, aunque nunca llegó a su destino.