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A días días del anunciado 7D, fecha límite que tiene el Grupo Clarín y demás multimedios para desinvertir, se recrudeció la pelea entre el holding y el Gobierno. Es que tras la supuesta denuncia de Clarín a periodistas por incitación a la violencia en el conflicto de los prefectos y gendarmes, los abogados de la empresa salieron a desmentir las versiones oficialistas: si bien sus abogados admitieron la presentación judicial, sostuvieron que se citó a los profesionales en calidad de “testigos”.
La denuncia, que se radicó en el juzgado federal de Luis Rodríguez fue efectuada para que se investigue la “incitación a la violencia colectiva” y en la misma se solicita que se cite “como testigos” a funcionarios, legisladores y a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone.
En este marco es que ante la polémica que desató la presentación, Hugo Wortman, abogado del Grupo Clarín, salió a “aclarar” la situación. De esta manera sostuvo que la denuncia “no es contra los periodistas, sino que se pide que digan si tienen información sobre los hechos que denunciamos, cuando dijeron que el Grupo Clarín estuvo detrás (de los gendarmes) incitando o promoviendo o atentando contra la democracia. Esto es como testigos y no se refiere a ellos como imputados, sino para que vayan a dar la información que tienen”, reiteró.
Además, para restarle importancia a la presentación y con ánimo de desactivar un conflicto en puerta, aclaró que si los periodistas, sin necesidad de concurrir al juzgado, dijeran públicamente que sus dichos no se refirieron a información, sino que se trató de una opinión, “automáticamente desistimos de ese pedido como testigos”.
La denuncia caló hondo en el kirchnerismo y algunos sectores opositores también criticaron la judicialización del conflicto.
Diversos funcionarios y dirigentes del kirchnerismo salieron al cruce del grupo. Mientras que Victoria Donda del FAP también criticó la “movida” de Clarín.
Lo cierto es que a días del 7D, el conflicto se recalentó al punto que el Gobierno nacional centró sus expectativas políticas en esa fecha teniendo en cuenta los duros golpes que recibió con el cacerolazo, el paro general y el reclamo de los fondos buitres.