Susana Tissera ya estaba enterrada en el fondo de su casa cuando llegó la Policía. El cadáver de Angélica de Marche apareció tirado en un canal del barrio Ceferino. Natalia Velarde recibió dos disparos en la vereda de su casa y no aguantó hasta el hospital. A Leticia Zambrano trató de auxiliarla una hermana, pero su cuerpo no resistió los golpes.
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Susana Tissera ya estaba enterrada en el fondo de su casa cuando llegó la Policía. El cadáver de Angélica de Marche apareció tirado en un canal del barrio Ceferino. Natalia Velarde recibió dos disparos en la vereda de su casa y no aguantó hasta el hospital. A Leticia Zambrano trató de auxiliarla una hermana, pero su cuerpo no resistió los golpes.
En el listado de femicidios que dejó 2012 hay por lo menos 16 mujeres que perdieron la vida en casos que tienen a sus parejas o exparejas como principales sospechosos. La cifra surge del seguimiento que hacen organizaciones civiles vinculadas con el tema y es la única, ya que el Estado no se ocupa de hacer relevamientos.
Este año se aprobó una ley que permite condenar el homicidio de una mujer por violencia de género con cadena perpetua. Sin embargo, este cambio legal es solo una parte de la solución para un problema complejo. El conteo diario indica que se habían acumulado más de 22.000 denuncias por golpes o sometimiento psicológico en la familia, de enero a septiembre, en la provincia.
Además, se informaron a la Justicia más de 700 casos de abuso sexual solo en el distrito centro, que abarca a Salta Capital y otros 13 departamentos, entre enero y octubre.
La preocupación se afianzó en diferentes espacios de la sociedad. El número de femicidios estuvo entre los reclamos que se plantearon en las marchas contra la impunidad que se hicieron todos los viernes por la tarde alrededor de la Plaza 9 de Julio.
Desde principios de 2012, referentes del FAP (Frente Amplio Progresista) salieron a pedir que se declarara una emergencia provincial por los asesinatos y la naturalización de las agresiones, pero la idea no tuvo eco en ningún ámbito oficial.
Sin el refugio, tan necesario
Pese a las constantes demandas sociales, el año cierra con la sensación de que faltan avances importantes.
El refugio para las víctimas que necesitan escapar de los golpes o las amenazas en sus casas, todavía está entre las promesas incumplidas de las autoridades.
No se aprobó un proyecto de ley que presentó la Corte de Justicia de Salta el año pasado para crear tres juzgados que atiendan solo casos de agresión en la familia.
“Un año más, solicitamos que los poderes del Estado incorporen la perspectiva de género para el diseño de políticas públicas y para la administración de justicia”, manifestó la Multisectorial de Mujeres el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
Entre enero y junio de este año, Salta fue la tercer provincia con más femicidios después de Santiago del Estero y Jujuy según un estudio de la ONG Casa de Encuentro. La tendencia indicaba que no lograría salir en el corto plazo de la zona roja en la que se ubicó en 2011, cuando fue el distrito con más mujeres asesinadas por habitante de todo el país.
Un fallo que reconoce la responsabilidad del Estado
Vanina Alderete
El caso de Vanina Alderete sentó un precedente inédito. Por primera vez, la Justicia consideró que el Estado debía indemnizar a una víctima de la violencia familiar.
Vanina tiene 20 años. El 28 de agosto de 2004 tuvo que ver cómo su padre asesinaba a su mamá y a sus dos hermanos, para después herirla a ella.
La madre de los chicos, Rosana Alderete, había hecho cinco denuncias policiales por violencia familiar.
En octubre de este año, la Corte de Justicia de Salta ordenó que el Gobierno de Salta le pague a la joven un monto que supera el millón de pesos por no haber tomado medidas preventivas. La Provincia primero había informado que acataría la decisión judicial y afrontaría el resarcimiento. Sin embargo, después cambió de opinión y presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación vuelva a analizar el caso.