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Los duros recortes implementados por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy del Partido Popular para reducir el déficit han golpeado con dureza a la sociedad española, pero especialmente a los inmigrantes ilegales, quienes a partir del 31 de agosto verán restringido su acceso a la sanidad. Los miles de extranjeros que viven en situación irregular, a partir de la nueva ley, ya no podrán tener una atención médica especializada gratuita, solo una asistencia básica.
Los menores de 18 años y las mujeres embarazadas no se verán alcanzados por la medida.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ana Mato justificó la norma al señalar que “nos pone al nivel de los países europeos”, y explicó que lo que se pretende es ahorrar los gastos que suponía el “turismo sanitario” para el país. En la misma línea, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty dijo: “No tenemos un sistema sanitario para atender al mundo entero, tenemos un sistema sanitario para atender a los españoles y a los que han venido a formar parte de la sociedad española trabajando, aportando y pagando impuestos”.
Sin embargo, para los especialistas, la medida es un retroceso y entraña varios riesgos. Un ejemplo es el caso de la tuberculosis. Al año se diagnostican unos 8.000 casos y la mitad de ellos se da en inmigrantes. Al tratarse de una enfermedad con un alto potencial de contagio se corre el peligro de que si no se atiende correctamente a esa persona, los casos se multipliquen y ocasionen un mayor gasto.
Ante el nuevo recorte, el secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba señaló que el ajuste propuesto es “xenófobo, cruel e ineficaz”, y demuestra “insensibilidad social”. En coincidencia, Gonzalo Fanjul, reconocido economista y activista, escribió que se trata de una medida “cobarde porque se dirige contra aquellos que no pueden defenderse”. Además, agregó que la excusa del “turismo sanitario” es una “infamia, pues la mayor carga para el sistema de salud tiene apellidos alemanes, británicos y franceses, no latinoamericanos o africanos”.
El número de inmigrantes ilegales rondaría los 150.000, según estimó el diario El País. Y, si se toma en cuenta que cada español cuesta al sistema sanitario unos 1.600 euros anuales, lo que se ahorraría son 240 millones de euros. Sin embargo, la ministra Mato calculó que el ahorro llegaría al doble, a los 500 millones.
Además, varios estudios han demostrado que los inmigrantes consumen menos remedios que los españoles y hacen menos visitas médicas. Es decir, no hay un abuso del sistema de salud.
Un retroceso
La ley de cohesión del sistema nacional de salud de 2003 consideraba que “todos los españoles y los extranjeros en España” son “titulares del derecho” a la salud. Pero la nueva norma limita los servicios a aquellos que estén en condiciones de ser un asegurado -es decir que aportan a la seguridad social- o a quienes demuestren que viven en la pobreza.