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La Mesa Coordinadora de Ex-Agentes de YPF de Salta reclamó a legisladores nacionales que incluyan en el proyecto de expropiación una cláusula que asegure la restitución del 10% de las acciones que, por propiedad participada, debía distribuirse entre los trabajadores que tenía la petrolera cuando fue privatizada en enero 1991.
La entidad recordó que por complicidades de funcionarios, gremialistas y empresarios las acciones obreras que correspondían a 36.935 trabajadores de la empresa terminaron adquiridas por la española Repsol.
Por este incumplimiento, en 2002 el Congreso dispuso por ley una indemnización para los exagentes perjudicados, la que se hizo efectiva a partir de 2003 con montos decretados muy por debajo del valor de mercado de las acciones.
“Son 21 años de dolorosas luchas y legítimos reclamos a los que los señores legisladores nacionales tienen hoy la histórica oportunidad de atender con verdadera justicia”, remarcó la filial salteña de la mesa coordinadora en un comunicado que firmaron el presidente, José Palacios, y el secretario de la organización, Angel Sequeira.
Ambos exhortaron a los exypefianos a unirse por la recuperación de un derecho que tiene sus raíces en el marco legal que abrió camino a las privatizaciones de empresas públicas, a mediados de 1989, y reservó parte de sus acciones para los trabajadores, a través de los denominados programas de propiedad participada (PPP).
Sobre la expropiación que pondrá el 51% de las acciones de YPF en manos de la Nación (26%) y las provincias productoras de hidrocarburos (25 por ciento), la coordinadora manifestó que “llama poderosamente la atención que ningún legislador nacional se manifestara a favor de los extrabajadores de YPF, por el 10% de las acciones clase C” que en su momento el propio Estado les otorgó, mediante leyes y decretos, aunque sin reconocerlos, hasta ahora, como sujetos adquirentes.
En 1990, por decreto nacional 2.778, quedó establecido que el capital accionario de YPF SA estaría conformado por 6.103.101.525 acciones ordinarias, con un valor nominal de 1.000 australes cada una.
En el año 1992, por ley 24.145 se estipuló que un 10 por ciento del capital social de la petrolera estaría representado por acciones “clase C”, las que debían ser transferidas al personal que se desempeñará en la empresa al 1 de enero de 1991, cuando YPF dejó de ser estatal y quedó transformada en una sociedad anónima.