inicia sesión o regístrate.
El Gobierno de la Provincia elaboró una guía para abortos en casos de violación en la que ratifica que las mujeres no podrán acceder a la práctica médica a menos que hagan una denuncia penal o declaración jurada ante el Ministerio Público.
El protocolo se publicó ayer en el Boletín Oficial y sostiene que la solicitante deberá presentar un instrumento formal en el que “haga constar que su embarazo es producto de un abuso sexual con acceso carnal” y que por esa circunstancia pide interrumpirlo.
Las opciones para las mujeres que quieran detener la gestación son exponer una denuncia policial o bien una declaración jurada que debe realizarse “en todos los casos” ante un defensor o asesor de menores del Ministerio Público.
El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades había pedido a fines de abril que se declare inconstitucional el decreto del gobernador Juan Manuel Urtubey sobre aborto para casos de violación.
Entre otras cosas, se argumentaba que el Gobierno buscaba que intervenga el Ministerio Público para dilatar o dificultar la práctica médica.
También se señalaba que en estos casos no debía participar nadie más que la paciente y el médico para no revictimizar a las mujeres que sufrieron violencia sexual y garantizar el derecho a la intimidad. Además, se apuntaba que nadie está obligado a denunciar un abuso.
La guía que se conoció ayer mantiene los lineamientos generales del decreto de Urtubey que fue cuestionado y hubo críticas desde la perspectiva de los derechos de género.
“Se pide la intervención del Ministerio Público. Eso no está previsto en la ley penal y existe el riesgo de que se convierta en una barrera de naturaleza disuasoria o eventualmente obstructiva”, señaló a El Tribuno Graciela Abutt Carol, abogada que patrocina la demanda para que se declare inconstitucional el instrumento legal firmado por el Gobernador.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en marzo que las mujeres que concibieron como producto de una violación pueden abortar sin autorización judicial porque lo permite el Código Penal.
El protocolo que publicó ayer el Gobierno tiene el objetivo de regular cómo se haría la interrupción del embarazo en estos casos.
“No debería requerirse la denuncia policial. De acuerdo a lo que sostiene la sentencia de la Corte Suprema, sería suficiente con la intervención del médico”, señaló Abutt Carol.
La abogada también remarcó que la guía pide la participación de profesionales del Ministerio Público con el argumento de que deben asistir o contener a las mujeres, pero deja de lado la necesidad de que se los consulte si hay una acusación ante la Policía.
Para Abutt Carol, “se revela la naturaleza represiva de la guía porque, si existe denuncia penal, desaparece el supuesto interés por la protección y el amparo de la víctima...”.
Las críticas también apuntan a que el protocolo crea funciones para defensores y asesores que no están contempladas en la ley orgánica del Ministerio Público.
.