inicia sesión o regístrate.
Rosaura Gareca defendió la guía oficial para realizar abortos en casos de violación, que pide una denuncia penal o declaración jurada a las víctimas que quieran acceder a la práctica.
El protocolo fue cuestionado por quienes creen que las mujeres abusadas no deberían estar obligadas a exponer lo que vivieron ante policías u otros funcionarios.
Organizaciones relacionadas con los derechos de género criticaron la política en la materia y apuntaron que se intenta interferir en la decisión de las víctimas que piensen abortar. Gareca sostuvo, sin embargo, que el protocolo busca que la mujer tome una “decisión libre e informada”.
La Corte Suprema de Justicia había considerado que se puede detener el embarazo sin autorización judicial cuando es producto de una violación. La guía que elaboró el Gobierno busca establecer cómo se haría la interrupción de la gestación en estos casos.
La guía para abortos a mujeres abusadas pide que las víctimas hagan una denuncia penal o declaración jurada ante el Ministerio Público si quieren interrumpir el embarazo. Hay sectores que cuestionan que el caso entre en un circuito en el que intervienen terceros que no son el médico y creen es lo mismo que judicializar el tema.
No es lo mismo porque el Ministerio Público es independiente del Poder Judicial. Más allá de que una mujer quiera interrumpir el embarazo, no hay que perder de vista que es una víctima y el Estado debe brindarle asistencia legal y psicológica.
¿El hecho de dar intervención al Ministerio Público no es similar a judicializar? Se trata de ir a exponer la situación ante un tercero.
No se le van a hacer preguntas a la mujer. Solo se trata de que exprese su voluntad y de brindarle la asistencia para que tome una decisión libre e informada.
No se le van a pedir detalles si no quiere mencionarlos. Sí se va a registrar si ella manifiesta que el embarazo es producto de un abuso sexual con acceso carnal.
¿Cuál sería ese asesoramiento que se va ofrecer en estos casos?
Es información y asistencia para otorgar más y mejores derechos. La intención no es que la mujer cambie de opinión o decisión. Tampoco que se produzca una dilación injustificada.
Hay un pedido para que se declare inconstitucional lo decretado por el Gobernador para abortos en casos de violación. Quienes hicieron la demanda señalan que en estas situaciones no debía intervenir nadie más que el médico, de acuerdo a lo que consideró la Corte Suprema de Justicia.
Nosotros creemos que ahora tendríamos que mirar para adelante y ver concretamente la aplicación de la guía.
No consideramos que estemos yendo en contra del criterio de la Corte Suprema de Justicia. Si bien el fallo pide a las Provincias que haya una reglamentación, no dice exactamente cómo.
Las otras cuestiones podemos decir que están superadas y, si hay planteos, los resolverá la Justicia oportunamente.
Al tener que intervenir un asesor de menores del Ministerio Público, ¿no se abre la posibilidad de que este funcionario obstaculice el aborto no punible?
La intervención del Ministerio Público es para que ese derecho se efectivice, no para obstaculizarlo.
¿Qué pasa si todos los médicos de un hospital se niegan a hacer un aborto por una objeción de conciencia?
El Ministerio de Salud Pública va a garantizar la práctica. La guía dice que la objeción de conciencia es personal y no institucional.