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El Ministerio de Salud pidió a los hospitales que registren qué médicos harían abortos a mujeres embarazadas como producto de una violación y cuántos se negarían por objeciones de conciencia. El gremio de la salud se manifestó en contra de la iniciativa.
Claudia Morón, responsable del Programa Materno Infantil, informó a El Tribuno que el objetivo es que cada institución conozca qué profesionales se opondrían a realizar la práctica si una víctima de violencia sexual quiere interrumpir su embarazo.
La funcionaria destacó que los hospitales son responsables de garantizar la intervención médica y que es importante que tengan un listado para saber en qué situación se encuentran y con qué personal cuentan.
La semana pasada el Gobierno de la Provincia publicó en el Boletín Oficial una guía sobre cómo debería realizar abortos a mujeres abusadas el sistema sanitario.
El protocolo se elaboró después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera que una mujer puede interrumpir su embarazo sin autorización judicial cuando es producto de una violación.
La guía establece que los médicos tienen la posibilidad de negarse a detener una gestación por posicionamientos personales. Sin embargo, aclara que es responsabilidad de los directivos garantizar que la práctica se realice en no más de cinco días.
“Si todos los médicos de un plantel exponen objeciones de conciencia, el hospital igualmente debe realizar el aborto sin derivar a la paciente, siempre que tenga servicio ginecológico y la complejidad necesaria”, dijo Claudia Morón.
La funcionaria explicó que las instituciones deben resolver cómo se actuaría en estos casos y que por eso se pidió que sistematicen la información.
La secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud, Cristina Nesrala, rechazó la idea de que se hagan listados con los profesionales que se negarían a interrumpir un embarazo.
“Hay que dejar que cada médico tenga la libertad de actuar. Hacer un registro es como marcarlos, suena a una lista negra”, opinó Nesrala.
“Pone en riesgo la salud”
Graciela Abutt Carol, abogada especializada en cuestiones de género, pidió que se tenga en cuenta que están en juego derechos de las víctimas de violación.
“Debe ser claro que la objeción de conciencia pone en riesgo la vida, la salud y la autonomía de las personas, entre otros derechos, a la vez que deviene discriminatoria porque afecta solo a las mujeres y, sobre todo, a las más pobres”.
Abutt Carol es una de las patrocinantes en un pedido para que se declare inconstitucional el decreto de Juan Manuel Urtubey sobre el aborto para mujeres abusadas, porque exige que la víctima presente una denuncia o declaración jurada ante el Ministerio Público.
“Debe haber un escrutinio estricto de la objeción que pudieran hacer los médicos y médicas. La inscripción en los registros de objetores no tiene que ser automática, sino que se debe analizar seriamente si no se están imponiendo perspectivas discriminatorias, religiosas o estereotipadas”, sostuvo la abogada.
Se espera que el relevamiento que encaró el Ministerio de Salud aclare cómo se garantizaría la interrupción del embarazo en hospitales de Salta.
Pese a que el artículo 86 del Código Penal establece que las víctimas de delitos sexuales pueden abortar, el Colegio de Médicos de Salta había manifestado en una solicitada su negativa a la idea de que los profesionales realicen esta práctica.