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Se espera que esta semana la Corte de Justicia de Salta notifique oficialmente a la Provincia sobre el pedido que hizo una ONG para que se declare inconstitucional un decreto del gobernador Juan Manuel Urtubey sobre aborto no punible. Las demandantes consideran que el Estado provincial pretende evitar que se interrumpan embarazos en casos de violación.
El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta contra el decreto 1170/12.
Las demandantes señalan que el documento que firmó Urtubey fija requisitos que no existen en la ley para que las víctimas de violación accedan a un aborto legal.
El decreto dice que las mujeres abusadas sólo pueden interrumpir la gestación si hacen una declaración jurada ante un asesor o defensor del Ministerio Público.
El requisito de que intervenga un tercero además del médico no está en el artículo 86 del Código Penal, que establece la posibilidad de hacer un aborto legal cuando el embarazo es producto de una violación.
Además, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades argumenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó el 13 de marzo que, en casos de abuso, la práctica debe realizarse sin autorización judicial ni otras condiciones.
Las impulsoras del reclamo consideran que el Gobierno de la Provincia busca dificultar que las mujeres violadas puedan interrumpir su embarazo y señalan que eso atenta contra el principio de libertad consagrado en la Constitución Provincial.
La acción de inconstitucionalidad cuenta con el patrocinio de las abogadas especialistas en cuestiones de género Graciela Abutt Carol y Mónica Menini.
También se sumó a la demanda la defensora oficial civil número cuatro, Natalia Buira. La funcionaria consideró que el decreto 1170/12 les otorga a los miembros del Ministerio Público competencias que no les corresponden de acuerdo al reglamento que rige todas sus acciones.
De acuerdo a lo que se conoció, la Provincia ya está trabajando con el Ministerio Público para hacer un protocolo sobre cómo actuar ante casos de víctimas de abuso que quieran abortar. Las demandantes reclaman que no intervenga nadie más que un médico en estas situaciones para respetar el derecho a la intimidad.