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La expropiación del 51% de las acciones de Repsol se concretó el viernes por la tarde con la firma de Cristina Fernández en el decreto 660. Los conflictos internos que tiene la empresa comenzarán a verse en la medida que la nueva administración pise firme en su control. Sin embargo, los problemas legales que deberá enfrentar el Estado ante la medida ya comenzaron esta semana.
Desde los servicios jurídicos de Repsol ya se preparan para poner en marcha su ofensiva legal contra la medida tomada por el Ejecutivo.
La petrolera española denunciará a la Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciade), en Washington.
La compañía que dirige Antonio Brufau reclama 10.500 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la petrolera.
La empresa anticipó que evocará el “Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones” (APPRI), firmado en 1991 entre la Argentina y España.
En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal.
Argentina, con 49 reclamos, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instituciones internacionales.
El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.
Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamaciones. En el primero de ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.
Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar “todas las acciones legales a su alcance”, lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses.
En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF puedan judicializar el caso.