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Referentes que trabajan por los derechos de género consideraron que los médicos de hospitales públicos no deberían negarse a interrumpir el embarazo de mujeres abusadas porque la intervención está permitida por el Código Penal y así lo confirmó la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, en el Hospital Público Materno Infantil informaron ayer que no se harían listados de profesionales a favor o en contra, pero que se garantizaría la intervención.
La semana pasada el Gobierno provincial difundió una guía sobre los pasos a seguir para detener un embarazo cuando es producto de una violación si la víctima lo requiere.
El documento se conoció después de que la Corte Suprema resolviera que en estos casos se puede realizar un aborto sin que lo ordene un juez.
El protocolo oficial establece que los médicos tienen la posibilidad de negarse a interrumpir la gestación por una objeción de conciencia, es decir, por una cuestión religiosa o ética.
“Creo que la objeción de conciencia es para los ciudadanos y no para los funcionarios públicos. De otra manera, los defensores podríamos oponernos a intervenir en divorcios o los trabajadores del Registro Civil podrían no hacer un matrimonio igualitario”, indicó la defensora oficial Natalia Buira.
Graciela Abutt Carol, abogada especializada en temas de género, destacó que no aceptar interrumpir el embarazo de una víctima de violación “afecta sus derechos y pone en riesgo su vida”.
Las letradas coincidieron en que tener un registro de “objetores de conciencia” podría facilitar que las mujeres abusadas accedan al aborto si lo desean.
Desde el Ministerio de Salud habían informado hace días que se buscaba relevar qué profesionales rechazarían hacer la intervención.
La responsable del Programa Materno Infantil, Claudia Morón, había explicado que la intención era que los hospitales supieran si disponían de personal porque están obligados a detener la gestación en casos de violación.
La secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud, Cristina Nesrala, se había expresado en contra de la idea de averiguar la posición de los médicos y opinó que eso implicaba “marcarlos”.
“Un registro de objetores permitiría que la institución sepa con quién cuenta para el momento de realizar una práctica. Es un mal menor”, sostuvo Abutt Carol.
“Conocer quiénes son objetores de conciencia significa que la víctima no va a tener que esperar a que se encuentre quién pueda hacer el aborto”, dijo Natalia Buira.