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La Legislatura tucumana aprobó ayer un proyecto para prohibir el funcionamiento de prostíbulos en la provincia, norma que debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo para que comience a regir como ley.
La iniciativa, presentada hace diez días por el gobernador kirchnerista José Alperovich, contará para su reglamentación con aportes de Susana Trimarco, una de las dirigentes emblemáticas en la lucha contra la trata de personas desde el secuestro de su hija María de los Angeles Verón, una caso que sigue en juicio.
En un breve diálogo con la prensa, Alperovich destacó ayer que “todo lo que sea para erradicar la trata de personas bienvenido sea”.
“Con este nuevo proyecto lo que buscamos es castigar a las personas que hacen trabajar a las chicas, porque en definitiva detrás de todo eso viene la trata de personas, la droga”, sostuvo.
El gobernador señaló que si bien no cree “que se resuelva el cien por ciento” de los casos, estimó que con la nueva ley “vamos a darle una mejor calidad de vida a las chicas que hoy trabajan en esto”.
La norma, que fue aprobada por mayoría tras modificaciones sugeridas por la oposición, deroga además incisos de la Ley de Contravenciones Policiales para agravar las penas contra quienes dirijan prostíbulos, con arrestos que pasarán de 30 a 60 días.
Asimismo, evita que los infractores a la norma puedan pagar multas para eximirse del arresto.
El proyecto, que según el oficialismo será reglamentado la semana próxima por el gobernador, prohíbe la “instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación” de locales donde se ejerza la prostitución.
El artículo primero aclaró que esos locales no podrán funcionar ni publicitarse “bajo cualquier forma, modalidad o denominación, de manera ostensible o encubierta, como whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o establecimientos y/o locales de alterne”.
Según la iniciativa del oficialismo, las clausuras y cierres de esos locales serán inmediatas tras la reglamentación de la norma. Además, prevé encarar acciones conjuntas entre los órganos del Estado y la creación de una comisión específica para abordar la problemática.