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La consultora privada Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) publicó un nuevo documento donde analiza la pérdida de confianza que tienen las provincias en el nuevo YPF. La participación de las provincias quedó parcialmente definida en los artículos 8 y 9 de la ley 26.741 que cambia el estatus de la petrolera.
De las acciones expropiadas, el 51% queda en manos de la Nación y el 49% en manos de las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos: Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El CIPPEC advirtió que la expropiación de la compañía, sin un cambio en las políticas, difícilmente revierta la tendencia negativa del sector energético.
El ajuste fiscal y la falta de acceso al crédito internacional complican las grandes inversiones requeridas. Aún no se definió cómo se distribuirán las acciones y las inversiones entre las 10 provincias hidrocarburíferas dueñas de YPF. El informe de la consultora señaló que las reservas netas de petróleo y gas en la Argentina cayeron sistemáticamente en los últimos años. De un máximo de 3.171,1 millones de barriles de petróleo equivalente (BOE) en 2001, se pasó a 977,6 millones de BOE en 2011.
La combinación de una producción local descendente en el país y un consumo de energía creciente asociado con la expansión económica provocó una brecha progresiva que se cerró con importaciones en ascenso de gas natural, gasoil, fuel oil y electricidad. Además el CIPPEC precisó que “la brecha entre la demanda interna y la producción impactó en las cuentas externas (con importaciones anuales proyectadas en torno a los 1.000 millones de dólares). La brecha entre los precios internacionales y los precios domésticos impactaron sobre las cuentas fiscales.
La empresa ENARSA y otras áreas del sector público absorbieron principalmente la pérdida generada por las operaciones de importación de energía. Así, durante 2011, los subsidios al sector energético alcanzaron los $41.000 millones, un 67% más de lo transferido en 2010”. En otra parte del informe, está señalado que “La justificación central para expropiar la empresa fue el desempeño negativo de la empresa durante la gestión de Repsol. Algunos datos parecen convalidar la tesis: la producción de petróleo cayó un 9% entre 2009 y 2011, mientras que la de gas natural registra una baja del 19% en el mismo período.
Sin embargo, con un resultado neto que osciló entre los 1.000 y los 1.500 millones de dólares, la empresa mantuvo un flujo de dividendos a sus accionistas sumamente agresivo, que promedió los 1.300 millones de dólares en los últimos tres años”. La consultora privada estimó que “por su parte, el decreto 1.277/2012, que reglamenta la ley de expropiación de YPF, derogó la libre disponibilidad de los hidrocarburos para los productores, la libertad en la fijación de precios y la libre importación y exportación de crudo, gas y derivados”.
Luego el CIPPEC agregó que “si la estrategia para recuperar YPF estaba en atracción de financiamiento externo y socios estratégicos para provocar un shock de inversiones y productividad, este decreto se orienta en sentido contrario”.
La puja por las acciones petroleras
La ley de constitución de la conducción del nuevo YPF indica que la distribución de acciones entre las provincias se realizará de forma equitativa y en función de los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas. “Como en toda puja federal, la selección de indicadores no es trivial. Será complicado introducir un concepto de equidad en el reparto”, indicó el CIPPEC que propone que propuso darle mayor participación a las provincias que hayan recibido menos inversiones. En el informe se comenta que “los niveles de producción determinan el cobro de las regalías: en promedio, las regalías totales (no solo petroleras) para esas 10 provincias representan un 13% de sus ingresos”.
Según la publicación de CIPPEC, a pesar de la gran expectativa que despertó la expropiación de YPF respecto de la posibilidad de que la centenaria petrolera pueda revertir el mal desempeño del sector energético, no será fácil dar vuelta la tendencia.