inicia sesión o regístrate.
El caso que conmovió a la comunidad salteña llegó a su desenlace en una audiencia en la que los padres de la beba de ocho meses fueron condenados por maltrato infantil. La niña ingresó al Hospital Materno Infantil con graves lesiones, lo que activó una investigación liderada por la fiscalía de Violencia Familiar y de Género. Los progenitores fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional, culpables de causar lesiones graves a su hija y enfrentaron consecuencias legales que incluyen la pérdida de la responsabilidad parental.
El hecho ocurrió el 5 de marzo de 2026, cuando la menor fue trasladada al hospital en estado crítico, con un cuadro convulsivo y un grave compromiso general de salud. Durante la atención médica, los especialistas descubrieron múltiples lesiones en su cuerpo, lo que llevó a la intervención inmediata del equipo médico y la denuncia a la Fiscalía. La investigación dio inicio a una serie de diligencias que revelaron un contexto de violencia familiar y, finalmente, llevaron a la detención de los padres en un allanamiento realizado en Villa Lavalle.
En la audiencia, la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto representó al Ministerio Público Fiscal, y el juez Ignacio Colombo impuso una condena de tres años de prisión condicional para ambos padres por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. En el caso del padre, además, se le imputó el delito de coacción en perjuicio de un familiar directo de la menor.
Además de la condena penal, el tribunal determinó que los padres perderían la custodia de la niña. La medida de privación de la responsabilidad parental es crucial, ya que implica que los progenitores pierdan los derechos y deberes sobre el cuidado y educación de su hija. La decisión tiene como principal objetivo proteger el bienestar de la menor, quien actualmente sigue internada en el Hospital Materno Infantil, bajo atención médica especializada.
La intervención judicial también incluyó un seguimiento exhaustivo de la situación familiar, con la participación de un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal que realizó visitas domiciliarias y entrevistas con el entorno de la familia. A lo largo de la investigación, se detectaron versiones contradictorias sobre las condiciones de vida de la menor, lo que alimentó las sospechas de maltrato. La Fiscalía también recibió informes médicos y testimonios que apuntaron a un contexto de violencia familiar ya existente.