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El Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (Ippis) tiene desde la semana pasada dos presidentes. A uno lo eligió la mayoría en Capital y al otro lo respaldó el Gobierno provincial en Tartagal, a pesar de que lo impulsa la minoría de los vocales habilitados para elegir a sus representantes.
El jueves anterior el secretario de Gobierno, Oscar Rocha Alfaro, avaló la asunción de Demy Sosa, aún cuando el toba no reunía los votos suficientes para hacerse cargo del Ippis. La actuación del Ejecutivo generó polémica, dato que tomó el Ministerio de Derechos Humano para convocar a los nueve vocales a una conciliación.
La nota que ayer recibieron todos, algunos notificados por la Policía, lleva la firma del subsecretario de Pueblos Originarios, Enrique Rojo. La invitación deja suponer que el encuentro será dirigido por la ministra María Pace, desde las 17, en la sede del organismo (25 de Mayo 872).
Enrique Arello es el presidente del Ippis elegido por cinco vocales. El guaraní ya anticipó que ni su gente ni él asistirán a la reunión. No quieren cometer un error táctico y abrir una instancia de negociación que, interpretan, no corresponde. “Vamos a responder por escrito para recordarle a las autoridades provinciales que asumimos de acuerdo a lo que manda la ley”, indicó Arello a El Tribuno.
A la nota le adjuntarán el acta que el miércoles anterior labró una escribana para dejar constancia de la toma de posesión de cinco vocales electos en diciembre pasado y de la distribución de los cargos del consejo directivo del organismo. Todo sucedió en la vereda del edificio donde funciona el Ippis en esta ciudad, sobre calle Brown, porque las puertas estaban con candado.
El 15 de diciembre pasado, en Tartagal, congresales de las nueve etnias que hay en la provincia eligieron a sus vocales. Son nueve y entre ellos debían elegir a sus representantes por los próximos dos años. Arello reemplazó a Indalecio Calermo y anunció que trabajará con el chulupí Juan González (vicepresidente), el chorote Marcos García (tesorero), el tapiete Juan Vega (secretario del consejo) y el chané Luis Mojica (secretario de planificación).
“No entendemos por qué el Gobierno desvía la mirada hacia otro lado. Si es por capricho, por política o por una cuestión económica”, indicó Arello, buscando una respuesta a la actitud tomada por el oficialismo. El guaraní ratificó que la ley 7121 lo ampara y que la mayoría simple le da la venia para administrar el Ippis hasta 2015.
Tampoco entiende por qué Derechos Humanos tomó esta postura, “cuando sus funcionarios estuvieron en el norte haciendo lobby por los otros”.
La decisión aborigen
Desde que asumió el jueves pasado Arello y su comisión no regresaron a Tartagal donde está la sede central del Ippis. En capital realizaron trámites administrativos y festejaron el viernes haber desembarcado en el organismo. “Mientras el pueblo nos reconozca, sabemos que vamos por el buen camino”, agregó el guaraní, quien planea regresar al norte en los próximos días. Estima que en Tartagal lo esperarán más de 500 aborígenes y que “todo será una fiesta”.
Arello ratificó la decisión de trabajar por todos los pueblos indígenas de la provincia con proyectos que les garanticen un crecimiento equilibrado.
Gestiones para destrabar una cuenta
Enrique Arello se presentará hoy, durante la mañana, en el banco Macro para solicitar el manejo de la cuenta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (Ippis). El jueves pasado certificó las firmas de las nuevas autoridades del organismo, pero el día después “dos vocales que respaldan a Indalecio Calermo lograron bloquearla”.
“Necesitamos que la habiliten porque tenemos que pagar sueldos y a los proveedores. La cuenta tiene en este momento poco más de $200 mil”, indicó Arello, quien fue elegido por la mayoría de los vocales del Ippis.
Todos los meses el Gobierno de la Provincia deposita el 3 por ciento de las regalías, fondos con los que se maneja el Instituto.
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