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El domingo pasado se publicó en El Tribuno un artículo que informaba cómo los carros fruteros anclados en el microcentro de Salta pesan con balanzas engañosas, conducta que “ya no sorprende a clientes ni moviliza a inspectores” decía la nota.
A poco que se reflexione sobre el tema se advierte que lo grave no es la eventual estafa del comerciante sino la invisible existencia de una trama que permite un tratamiento desigual y discriminatorio. Los fruteros, como los ciclistas, tienen el privilegio de infringir la ley a la vista de las autoridades y éstas la facultad de hacer la vista gorda.
En niveles más altos, el fenómeno se repite y se puede violar la ley para otorgar viviendas sociales a quien no cumple los requisitos o creando cuerpos de investigación criminal con una simple y mañosa disposición en lugar de la necesaria ley.
Tormentas en varios frentes
El ejemplo de las balanzas fruteras como modelo de impunidad se reproduce también en el Gobierno Nacional pero a escalas mucho mayores, hoy las instituciones crujen, maltratadas, a causa de esa impunidad. La Procuración General de la Nación, órgano independiente con autonomía funcional, vio mancillado su antiguo prestigio y su independencia por las públicas actitudes de su titular, Alejandra Gils Carbó, quien además lidera la corriente oficialista “Justicia Legítima”, constituida por magistrados militantes.
Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central de la República Argentina, cumplió más de la mitad de los seis años que dura su nombramiento sin recibir acuerdo del Senado de la Nación al que obliga la Ley Orgánica del Central. Pese a esa carencia, toma decisiones monetarias de importancia para el país; no le importó y tampoco le importó al Poder Ejecutivo ni al Senado Nacional. En los altos niveles la indiferencia por la calidad institucional, el desapego a la ley y el ignorar la división de poderes resulta ya una conducta cotidiana. En todos los niveles la impunidad es la regla.
El INDEC ideado por Guillermo Moreno y su duración de casi nueve años seguidos como secretario de Comercio Interior lo convirtió en una institución gubernamental unipersonal, un zahorí esencial e imprescindible para la presidenta Cristina Fernández.
La politización y parálisis a la que ha llegado el Consejo de la Magistratura es otro ejemplo de órganos constitucionales que están lejos de satisfacer la finalidad para la cual fueron creados y que dañan a la institución de la justicia, al no cubrir las vacantes a tiempo.
Este tipo de modelo político que sostiene el gobierno nacional, al propiciar la “vista gorda” tuvo el efecto de extender la impunidad y distorsionar instituciones esenciales de la Nación Argentina. Modelo que al acuñar la divisa “Vamos por Todo” demostró que el ir por todo no era mera retórica partidaria sino una hambruna caníbal de poder.
La impunidad llevó a tragedias como la de Plaza Once, a la inusual situación actual de tener como vicepresidente en ejercicio a una persona con causas penales abiertas, o incluso a situaciones de ridículos inexplicables como la huida del ministro de Economía Lorenzino de una entrevista concedida a la televisión griega que lo puso en el aprieto de explicar la inflación argentina.
Incluso se intentó someter a la Corte de Justicia a las pretensiones del Poder Ejecutivo. El grupo Carta Abierta, con sus textos oscuros, se encargó de justificar la legitimidad de aquella sorprendente ambición.
En casa también
Esas conductas se replicaron en algunas provincias, el ejemplo más reciente se acaba de dar en Santiago del Estero donde el radical kirchnerista Gerardo Zamora pretendía presentarse para un tercer mandato aunque la constitución santiagueña no se lo permite. La UCR de esa provincia denunció la anomalía de esta pretendida re-reelección ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso suspender el pasado martes 22 la convocatoria a elecciones de gobernador y vice que estaba prevista para este domingo por resultar inconstitucional.
La provincia de Salta, o con más justeza, el gobierno provincial no ha sido ajeno al apoyo dado al modelo nacional del “vamos por todo”, pese a los movimientos de equilibrista que a veces a tiempo, y en ocasiones a destiempo, realizó el gobernador Urtubey. Él mismo, que le juró a la ciudadanía que no designaría parientes en su gobierno, cometió perjurio en diferentes oportunidades y con diferentes grados de sutileza, en el entendimiento que el modelo todo lo permite.
Este domingo las elecciones pondrán en juego algo más que la supervivencia de un modelo político a nivel nacional, para Salta significará la oportunidad de votar por el retorno de la calidad institucional y el equilibrio de poderes. Que puede graficarse apelando a una metáfora: que los carritos fruteros vuelvan a ser confiables y los funcionarios que los controlan sean transparentes y eficaces.