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Las inseguras celdas de las dependencias son una invitación para las fugas. Los policías están afectados a la custodia de estos detenidos y no al patrullaje en los barrios.
A la falta de policías y móviles de seguridad, ahora se suman los presos federales que conviven con los detenidos comunes en las comisarías del Valle de Lerma. Localidades como El Carril, Cerrillos, Rosario de Lerma y La Silleta colman sus precarias celdas con presos con causas de narcotráfico.
Reclamos de legisladores
Esta denuncia pública viene repicando desde hace varios meses en la opinión pública de la zona a través de los reclamos de legisladores y concejales de las comunidades afectadas. Mientras se siguen alojando presos federales, hasta el momento las peticiones de los vecinos no son escuchadas y las respuestas no aparecen por parte de Ministerio de Seguridad de la Provincia. Es parte de la cargada lista de soluciones exigidas por la población ante el panorama de inseguridad que se observa en el Valle de Lerma.
Para colmo las comisarías no son nada seguras en esta zona. Hay varios antecedentes de fugas de los presos comunes.
“Pocos efectivos en las dependencias de policía con tanto por resguardar. Jurisdicciones sin móviles y ahora con presos federales que se deben cuidar porque no hay espacio en otros lugares. En vez de patrullar las calles de nuestros pueblos deben cuidar a narcotraficantes” mencionó el diputado Provincial por Cerrillos, Mario Abalos.
El legislador explicó que este sistema obedece a un acuerdo firmado entre el Ministerio de Seguridad de Salta y la Nación. “Como no hay espacio en otros lados los envían a las comisarías del Valle de Lerma. Esto termina por diezmar la seguridad de nuestros habitantes. Los edificios de nuestras dependencias son obsoletos y representan un peligro en caso de fugas”.
Los números
Según Abalos alrededor de una veintena de presos federales están alojados en las comisarías de los pueblos. Esto implica convivencia y relacionarse con los detenidos comunes, tales como los detenidos por desórdenes, robos menores, o pandilleros irascibles entre otros.
El diputado dijo que envió varios pedidos de informes apoyados por sus pares de la cámara baja salteña al ministerio de Seguridad y nunca obtuvo respuestas hasta el momento.
Tres policías y un preso
En La Silleta, jurisdicción de Campo Quijano, el pequeño destacamento policial dispone de tres efectivos por turno para unos 10 mil habitantes. Con los pocos policías, la seguridad urbana y de los parajes rurales comprendidos en distancias de 40 a 60 kilómetros, la dependencia cuenta con un solo móvil. Pero cada vez que es requerido desde la ciudad de Salta para reforzar la seguridad en la capital, los vecinos quedan sin cobertura policial. “Es una vergüenza por donde se lo mire. En reuniones con el Ministro Sylvester nos había asegurado que este problema se iba a solucionar. Han pasado los meses y la cosa se empeora. Ahora debemos enterarnos que hay un preso federal en el destacamento. Es decir que hay dos policías para todo un pueblo y el restante debe hacer tareas administrativas y cuidar del narco que lo ubicaron en la única celda que tiene el destacamento” aludió el concejal oficialista Carlos “Lupi” Cruz.
Patear la pelota para adelante
La inseguridad que se vive en la provincia y la falta de recursos para combatirla tiene varios ángulos de análisis, pero entre ellos subyace un problema política. La falta de policías y vehículos, por ejemplo, en el Valle de Lerma es motivo de frecuentes reclamos. La situación revela un serio déficit en la cobertura de seguridad. Si bien para el caso que ocupa esta nota se trata de delitos de orden federal, como el narcotráfico y el alojamiento de los detenidos, no es menor el hecho de que, siendo evidente una afectación directa al orden provincial, el gobierno de Salta debería procurar el método para no debilitar la cobertura de la seguridad, sobre todo en el Valle de Lerma.
En este contexto llama poderosamente la atención las declaraciones de hace unos días atrás de la Ministra de Derechos Humanos de la provincia María Pace quien aseguró que “liberar presos es caer en el facilismo”. La funcionaria se refería a la determinación del juez federal Raul Reynoso de otorgar la libertad condicional a detenidos federales.
Al parecer la funcionaria no tomó en cuenta la delicada situación que se produce cuando los pocos policías de la provincia son afectados a la tarea de guardiacárcel, en detrimento de la seguridad ciudadana. Eso también es facilismo.