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Fiel a su costumbre de rebautizar hechos y circunstancias para relatarlos como si la Argentina hubiese comenzado a funcionar con el acceso del kirchnerismo al poder, la Presidenta ha rebautizado a la nunca completada reforma judicial, cambio profundo reclamado por la ciudadanía a todos los gobiernos, con la expresión “democratización de la Justicia”.
Su enunciado es cuestionable, en primer lugar porque parte del principio implícito que la Justicia nacional no es democrática. Como la “justicia” comprende por igual a los jueces y al sistema judicial, debe entenderse que ambos no son democráticos, pero entonces, ¿qué son? Jueces autoritarios, antidemocráticos o comunistas o sistema judicial monárquico o quizá fascista daría igual, porque al final resulta que democrática la Justicia no es. La Presidenta debe saber de qué habla: el kirchnerismo ha nombrado más de 400 jueces desde 2003.
Cuestionable también porque la designación de un juez surge de una elección popular indirecta, el cargo no se hereda ni se subasta. Funciona así: el pueblo vota sus representantes; los candidatos a jueces surgen de concursos llevados a cabo por el Consejo de la Magistratura, integrado por representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo, entre otros; esa preselección se remite al Poder Ejecutivo, cuyo titular también fue elegido por voto popular, éste escoge libremente al candidato que le parece apropiado y solicita a la Cámara de Senadores, surgida también del voto popular, se le otorgue el acuerdo necesario para designar en el cargo a ese candidato. Otorgado el acuerdo, el Poder Ejecutivo procede al nombramiento. La voluntad popular, es claro, nunca es ajena ni excluida de la designación de un magistrado, la elección es popular e indirecta.
Camino obligado
El Consejo selecciona, el Senado otorga el acuerdo, el Ejecutivo nombra: un camino obligado que debe recorrer, por entre los representantes del pueblo, todo aspirante a juez. En su discurso, la Presidenta Fernández de Kirchner dijo: “Hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se vea reflejada y representada”; anuncio que requiere modificar la Constitución nacional, su art. 114 establece que será integrado equilibradamente por representantes “de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”, entre otros.
La Presidenta pidió también transparentar el tramite para saber cuánto tiempo están las causas en los juzgados; esa función ya tiene quien la ejerza, ya que tradicionalmente el Ministerio Público ha tenido la tarea de controlar el buen funcionamiento del sistema judicial e informar, o incluso denunciar las irregularidades. Nada nuevo lleva el anuncio.
Al respecto hay que señalar el nuevo fenómeno nacido hace tres décadas, simultáneo con las nuevas tecnologías, que llevó ese control a ser ejercido informalmente desde ámbito no estatales. La comunidad a través de internet y de los medios, la opinión pública, las ONG especializadas como Fores, Poder Ciudadano, Unión de Usuarios y Consumidores, CELS, por citar algunas, comenzaron a canalizar la insatisfacción ciudadana, expresada no sólo respecto del Poder Judicial sino también a la falta de respuestas del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional. Esa actividad de la sociedad civil sirvió de fuente a muchas soluciones.
Objetivos
En general, esos objetivos integraron una reforma judicial que aún está en proceso, algunos expresados hoy por la Presidenta. Se creó en 1994 el Consejo de la Magistratura, se incorporaron tecnologías informáticas, se logró un aumento presupuestario (en 1997 el presupuesto de la Presidencia de la Nación duplicaba al de la Justicia Federal), se definió y mejoró la relación con los medios de comunicación, creándose el Centro de Información Judicial (www.cij.gov.ar) para avanzar en la transparencia de la actividad, se introdujeron los juicios orales y prosperó la utilización de medios no judiciales para resolver conflictos, como la mediación o el arbitraje. La lista de objetivos es densa, entre los que no se alcanzaron está la aplicación del Código de Etica a los jueces, el pago del impuesto a las Ganancias o la supresión de la feria judicial.
Por eso y mucho más, hace décadas actúan ONG, gobiernos y universidades en la reforma judicial.
¿Pero de qué tratará la democratización judicial anunciada por la Presidencia? ¿Se obligará a las provincias a copiar las leyes que bosquejó? ¿De qué manera armonizarán esas normas con cláusulas constitucionales específicas, como la que crea el Consejo de la Magistratura? La multiplicidad de interrogantes puede que lleve este nuevo anuncio presidencial a vía muerta, como ocurrió antes de ahora con el tren bala, el subterráneo al aeropuerto de Ezeiza o las más prosaicas “milanesas para todos” o tantos otros.