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No son secretarios de Estado, ni tienen propiedades. Gastaron sus ahorros, cumplieron los requisitos y los castigaron.
Por temor a perder la última esperanza que tienen de recibir su casa, no quieren dar sus nombres. El Tribuno les garantizó absoluta reserva de sus nombres. Sienten bronca, impotencia y dolor porque tienen que pagar los platos rotos y encima ser asemejados a la situación de otros a los que califican de “vivos”.
“Por culpa de unos pocos vivos todos pagamos los platos rotos”, dijo indignada una mujer con voz llorosa, que estaba a punto de recibir su casa en Lomas de Medeiros pero el gobernador decidió dejar sin efectos las 39 preadjudicaciones realizadas durante su gestión, y jamás pensó que le ocurriría esto. La decisión de Urtubey se dio en el marco del escándalo cuando se descubrió que entre los preadjudicatarios había un secretario de Estado con varios inmuebles y personas que no reunían los requisitos, ya que son propietarias. Ahora todos irán a sorteo. Pero la mujer lo dice bien claro: “Pagamos todos en lugar de que solo se sancionara a los que obraron incorrectamente”. Ella se endeudó para pagar los $75.000 que le exigieron. Recién cuando se tranquilizó pudo explicar mejor la injusticia en la que le tocó caer. A ella, como a tantos otros, las llamaron del Instituto Provincial de la Vivienda para ofrecerle una casa en Lomas de Medeiros. Accedió y quedó preadjudicada luego de cumplir con los requisitos exigidos. “No tengo contacto con ningún funcionario, ni quiero tenerlo. Siento que me robaron una ilusión. Ya estaba asignada mi casa y hasta sabía cuál era la ubicación que me había tocado”, cuenta esta mujer, a quien ahora le desadjudicaron su vivienda. Lo duro es que como ella hay otras familias, otros trabajadores y laburantes que ahorraron y creyeron que las reglas del Estado en materia de vivienda eran claras, serias. Pero los defraudaron. Ninguno sospechó del sistema de adjudicación directa porque les explicaron en el IPV que era una iniciativa especial para familias pudientes que reunieran los requisitos, como no poseer propiedades, tener un ingreso mensual de $15.000 y aportar $75.000 como ahorro previo. Consideran que el Estado es quien debe garantizarles que obtendrán su vivienda y no someterlos a un juego de azar cuando ya pagaron para tener su casa. “Me duele haberle contado a mi hija más chica que teníamos una casa nueva. Se entusiasmó. Todos los días me preguntaba cuándo nos mudábamos”, contó uno de los perjudicados. Enojada, una mujer llorando habló sobre la situación: “No quiero caer en la misma bolsa que los corruptos que tienen propiedades y nos arruinaron todo. Nos quitaron los sueños. Por qué, me pregunto, por qué el injusto tiene que ser el Estado”.
Otro dijo: “La casa es mía, ya la pagué, ¿por qué me la van a sacar? Es ridículo, por Dios... dónde vivimos!”.
La ilusión estaba a punto de cumplirse. “En enero de este año me llamaron del IPV para que asista al organismo, así ellos me decían cuál era la casa que me tocaba. Fui con una emoción, que hoy siento que todo se me vino abajo. Yo soy de las que tuvo que pedir un crédito. Primero pedí $50.000 y después otros $25.000. Ya empecé a devolverlo y no tengo mi casa”, dijo una señora.
Todos los preadjudicatarios durante la gestión de Urtubey fueron dados de baja y se ignoró a las familias que cumplieron los requisitos exigibles, que no tienen otras propiedades y que obraron de buena fe. Lejos de la situación de Pablo Robbio Saravia, quien se desempeña como secretario Legal y Técnico y estaba por recibir una vivienda pese a tener 3 propiedades (según consta en su última declaración jurada),otros hacen público que la situación de ellos es diferente. No cuentan con propiedades, no tienen contactos con funcionarios, tuvieron que ahorrar los $75.000 para cancelar el valor inicial e incluso varios cancelaron los contratos de alquiler donde vivían porque estaban próximos a la fecha de la entrega de las casas en Lomas de Medeiros. Ahora solo saben que tendrán que ir al IPV para ratificar su postulación antes del 19 de este mes y de ahí ingresarán al sorteo que se realizará el 22 de abril en Enjasa (Ente Regulador de Juegos de Azar). O pueden pedir al Instituto Provincial de la Vivienda que les devuelvan el dinero. Pero no entienden por qué ellos tienen que quedarse sin su casa, sin su sueño. Es la primera vez que ocurre esta situación en el IPV. Los empleados del organismo no saben cómo manejar la situación dado que no cuentan con reglas claras desde la presidencia. Caos y desconcierto, eso es lo que encontraron en un organismo que no da respuestas pero sí genera problemas.