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En los primeros minutos de la mañana de ayer fue desalojada la familia que ocupaba ilegalmente el terreno de la calle Dorrego al 500 de San Ramón de la Nueva Orán, terreno que reclama la familia Ruiz desde hace 25 años. El desalojo fue llevado a cabo por efectivos policiales de la Comisaría 24 en un operativo conjunto con miembros de Caballería y fue ordenado por el juez correccional Raúl López.
Los efectivos desarmaron la casa prefabricada levantada en forma ilegal por Ramón Rosa Vivas. Fuentes policiales aseguraron que el operativo transcurrió sin problemas ni incidentes. Informaron, además, que se dispondrá una consigna policial permanente durante los próximos días para resguardar la integridad física y las pertenencias de los miembros de los propietarios.
La familia desalojada había ocupado la mitad del terreno de la familia Ruiz y había levantado allí una vivienda prefabricada.
“Agradezco a los que se solidarizaron y se hicieron eco de la pesadilla que padeció nuestra familia tanto tiempo. No perdimos la esperanza en la Justicia durante 25 años y no la vamos a perder ahora”, comentó Sofía Benítez de Ruiz, mientras esperaba el resultado del desalojo en un rincón del terreno de su propiedad.
Primer desalojo
En agosto del año pasado la Justicia ya había emitido una orden de desalojo, la cual se cumplió después de 25 años de que la familia Ruiz reclamara por los derechos de su propiedad. Dos meses después, el terreno fue nuevamente ocupado por los mismos intrusos y el litigio no pudo concluir.
La noticia tomó estado público después de que Ramón Vivas se encadenara, a fines del año pasado, junto a su hija discapacitada frente a la Catedral de Salta.
En esa oportunidad, las autoridades consideraron la difícil situación que atravesaba su familia e intercedieron en la adjudicación de una vivienda del IPV. No obstante, después de un breve tiempo y sin ninguna explicación, algunos integrantes de la familia retornaron a la prefabricada montada en el terreno de la familia Ruiz.
El Tribuno reflejó en sus páginas la causa que involucró a Vivas y que fue caratulada en su momento como usurpación, violación de domicilio, daños y desobediencia judicial. También las amenazas que recibió la familia Ruiz.