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La Iglesia católica de Bolivia instó ayer al diálogo entre el Gobierno y los sindicatos nucleados en la Central Obrera Boliviana (COB), que desde hace 13 días realizan un paro general, y alertó sobre el posible aumento de la tensión en la protesta, que anteayer fue declarada ilegal.
La Conferencia Episcopal Boliviana manifestó ayer su preocupación por la posibilidad de que el conflicto se radicalice a partir del llamado a los seguidores del gobierno de contrarrestar la protesta de la COB y defender en las calles el actual proceso de cambio en el país.
Los grupos leales al mandatario Evo Morales anunciaron para la próxima semana movilizaciones callejeras denominadas “contramarchas” para neutralizar las diarias marchas obreras en ciudades del occidente y oriente de Bolivia.
“Los anuncios de radicalización de medidas de presión y convocatoria de nuevas movilizaciones pueden derivar en la confrontación entre hermanos bolivianos”, alertó ayer la Iglesia. La Conferencia Episcopal reiteró que el diálogo “es el único camino válido y democrático”, e instó al Gobierno y sindicatos a reanudar la negociación sobre cambios en una polémica ley de pensiones.
Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, había aclarado que las movilizaciones que anunciaron diversos sectores sociales en apoyo a Morales “no buscan generar enfrentamientos ni violencia”. “Yo he escuchado de que hay convocatorias a la movilización para respaldar el proceso de cambio, otra cosa sería que haya convocatorias dirigidas a generar enfrentamientos y lógicamente nunca alentaríamos que se enfrenten los sectores populares entre sí”, dijo el ministro.
Los sindicatos piden una jubilación del 100 por ciento de los últimos 24 recibos de sueldo en actividad del trabajador, pedido rechazado por el Gobierno, que planteó una renta máxima de 4.000 bolivianos, equivalentes a 574 dólares y una mínima de 1.200 bolivianos, equivalentes a 172 dólares.
Uno de los sectores en pugna, el de los mineros, redujo su demanda de aumento de las pensiones de 8.000 a 4.900 bolivianos, propuesta no avalada por la central obrera y también rechazada por el Ejecutivo.