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Los cambios introducidos al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura distan de ser meramente cosméticos. Por un lado, los diputados le han “devuelto” a la Corte, cual concesión graciosa, facultades que
no le podían ser arrebatadas sin vulnerar la independencia judicial.
La oportuna intervención de la Corte logró reservar para sí atribuciones presupuestarias y de superintendencia que el proyecto original trasladaba a un Consejo de la Magistratura que dominará con seguridad el oficialismo.
Pero se mantienen la ampliación del número de con-sejeros; su elección popular no proporcional; la pérdida de re-presentatividad de jueces y abogados a quienes corresponde la elección de sus representantes.