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En agosto de 2012 El Tribuno advirtió que algo estaba pasando en el Norte. “Alerta por la presencia de colombianos en la frontera caliente del narcotráfico”, tituló. “Colombia, Salvador Mazza y Cocaína son tres palabras que sumadas dan como resultado una sola ecuación: miedo”. Ahí por primera vez se supo, según fuentes de migración de Bolivia, que cada 30 días entran a Salvador Mazza 50 ciudadanos de nacionalidad colombiana. “Una cantidad similar podría estar entrando de manera ilegal, porque todos saben que es muy fácil hacerlo y en Yacuiba, que tiene 100 mil habitantes, no debe haber más de 100 colombianos radicados”, dijo el funcionario boliviano. Altas fuentes de Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, Ministerio de Seguridad de Salta y la Justicia Federal habían dicho que habría al menos 20 colombianos en Pocitos, cerca de 50 en Tartagal y otros tantos en Orán. El jueves último se hicieron nueve allanamientos en Salta y se desbarató una banda vinculada con ciudadanos colombianos, trata de personas y narcotráfico. Estas señales, como los recurrentes asesinatos mafiosos, están llevando a la lucha contra el narcotráfico de la frontera argentina a niveles nunca vistos.
“Salvador Mazza es zona liberada y es verdad que los colombianos se están instalando”, había dicho en agosto pasado otra fuente reservada, con cargo jerárquico en la Policía de la Provincia, que combatía el narcotráfico en esa frontera, pero meses más tarde dejó de hacerlo. El último día de mayo de este año el tema de los colombianos apareció nuevamente en la agenda de los medios, después de casi un año de silencio oficial. El jefe de la Policía de Salta, Marcelo Lami, reconoció por una radio que “se detectó un aumento en la población de colombianos en Orán”, aunque advirtió que “no se pueden investigar los antecedentes de estas persona porque llegan en carácter de refugiados”.
Las coincidencias con El Tribuno
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que una red internacional de trabajo ilegal fue desbaratada. El operativo se hizo en 10 provincias; se detuvo a 27 ciudadanos colombianos y se rescató a 231 personas que estaban en condiciones de trabajo esclavo, la mayoría de esa nacionalidad. En Salta al menos 17 ciudadanos fueron rescatados en nueve allanamientos, ocho de ellos en Salta capital y otro en San Ramón de la Nueva Orán.
Sorprenden las coincidencias que existen entre lo que denunció en 2012 El Tribuno y lo que anunció Echegaray la semana pasada.“En Tartagal podemos identificar a dos grupos bien marcados de colombianos. Hay un grupo de comerciantes de muebles de mimbre y un grupo de prestamistas. Estos últimos dan microcréditos y realizan visitas diarias a los deudores. Necesitan apretadores, gente pesada, para exigir el pago. Creemos que son actividades para financiar el desembarco y para blanquear dinero”, había dicho un comisario de la zona de frontera. “El modus operandi consistía en traer bajo engaño a colombianos a distintas provincias para realizar trabajos de carpintería y fabricación de canastos”, dijeron fuentes oficiales en Salta. “Esta organización se dedicaba a la usura financiera, prestando montos bajos, de mil pesos, al 30 por ciento de interés, a 20 días de plazo, que se pagaban en 20 cuotas diarias de 65 pesos”, contó la AFIP en Buenos Aires. La coincidencia más triste es la vinculación con el narcotráfico. Según deducía un informante en 2012, los narcos colombianos cuentan con el visto bueno de sus pares bolivianos y peruanos. “Era una plataforma para la construcción de una red de narcotráfico y lavado de activos”, dijeron ahora.