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Un proyecto de ley busca impedir que las personas imputadas por supuestos delitos sexuales puedan trabajar en las escuelas públicas y privadas de Salta. Pero los legisladores salteños aún no dieron el visto bueno a la propuesta por temor a “violar” el principio de inocencia. Ahora la comisión de Educación de la Cámara de Diputados deberá pulir un par de cosas.
La iniciativa lleva la firma del diputado provincial Guido Giacosa Fernández y apunta a evitar que los imputados por supuestos delitos sexuales tengan contacto con chicos.
Giacosa explicó a El Tribuno que los parlamentarios “argumentaron la repentina "duda' de que si no se viola el principio de inocencia al impedir que una persona que está imputada ingrese a un cargo en el sistema educativo. Nosotros (por la diputada Francisca Jiménez también) creemos firmemente que no. A un imputado no se le puede confiar un grupo de menores de edad”.
El legislador contó que la idea de que el personal docente, administrativo y de mantenimiento en general de las escuelas presente antecedentes para trabajar surgió de la observación de casos que se repiten en las noticias nacionales sobre abusos sexuales. “En muchos casos se vio que el personal educativo involucrado tenía antecedentes y nadie lo había advertido”, señaló Giacosa. En Salta, la legislación no pide acreditar la ausencia de antecedentes. Algunas provincias como Buenos Aires y Chubut sí lo hacen y en países como Chile, Perú y Uruguay es una norma. En los últimos días, varias denuncias de pedofilia conmovieron a Salta. En algunos casos, involucraron a establecimeintos educativos.