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Fernando Alesanco, dijo ayer que renunció al IPV porque desde hace más de un año era “víctima de una campaña de desprestigio” de este diario, que con “medias verdades” construyó “un relato injurioso”.
¿Cuáles son las medidas verdades a las que se refiere? Alesanco sigue sin dar explicaciones concretas sobre las contrataciones directas que beneficiaron a empresas de sus familiares directos y a las de otros funcionarios. Expedientes, con resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, dejan en evidencia los privilegios concedidos a 4HS servicios empresariales, constructora de Fátima Moya la esposa del jefe de inspector del interior, Juan Simoliunas, e ICA, la empresa del hermano de Fernando Zalazar Ruiz, el gerente de Control de Obras del IPV.
Pese a que Moya, en un proceso selectivo para una obra de agua en Aguaray (Contratación 22/12), admitió no tener empleados en relación de dependencia ni estar inscripta en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) ni en Rentas, Alesanco le adjudicó el proyecto.
Según el expresidente del IPV, “la campaña” empezó con él y continuó con su familia. “Y ahora involucran en su diatriba a trabajadores del instituto”, expresó. Alesanco se equivoca. Zalazar Ruiz y Simoliunas no son dos simples empleados sino dos personas con cargo jerárquico en el organismo.
El año pasado, el mismo Alesanco fue quien firmó la ubicación de una vivienda para su hermano Maximiliano en Mirasoles. En esa urbanización edificada con fondos públicos también recibió una casa, su mano derecha en el IPV, Zalazar Ruiz.
Fefermax no es un relato periodístico. La constructora de la madre de Alesanco existe. A esa empresa le adjudicaron la ejecución de 10 viviendas en Angastaco, obra que fue abandonada y transferida a otra firma.
Las irregularidades del IPV no solo fueron cuestionadas en informes de El Tribuno. Hasta el ultra urtubeycista Santiago Godoy pidió informes sobre los procedimientos de contrataciones directas. Ese requerimiento y otros como los montos de obras y la nómina de adjudicatarios de las viviendas sociales solicitó ayer el senador radical por Cafayate, Miguel Nanni.
Desde el Frente para la Victoria, cercano al Gobierno, el diputado nacional José Vilariño manifestó que “la gestión de Alesanco estaba cuestionada por manejos discrecionales”. “Si renunció será por algún motivo”, afirmó, por su parte, el intendente de Tartagal Sergio Leavy. Y cuestionó a funcionarios que “no trabajan como deberían”.
El dirigente de Libres del Sur, Carlos Morello, dijo que hay corrupción en cada lugar del Gobierno y que una intervención carece de sentido si se busca proteger a Alesanco.
Las constancias que involucran a funcionarios con empresas favorecidas se pueden encontrar en segundos en Internet. Ante esas pruebas y otros contundentes documentos, quizá sea este el momento, de una vez por todas, de que el Ministerio Público de la Provincia habilite una investigación judicial que ponga blanco sobre negro a la corrupción.