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Previsible absolución de Akemeier en el jury

Miércoles, 13 de agosto de 2014 01:30
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Casi todo ocurrió como era previsible: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó el pedido de juicio político contra el Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, por una serie de anomalías en causas que involucran al gobierno provincial y a su entorno. La composición del cuerpo juzgador tranquilizaba a quien sus detractores llaman "archivador serial": el presidente de la Corte, Guillermo Posadas, el juez Guillermo Catalano, la Fiscal de Estado Mónica Lionetto, el senador urtubeycista Jorge Pablo Soto, de La Viña, el abogado de los senadores y operador oficialista Guillermo López Mirau; el siempre oficialista diputado Manuel Santiago Godoy y la anteña del FpV, Alejandra Navarro (minoría) y como abogado del foro designado por los diputados, Aldo Juárez, asesor designado por Godoy. El oficialismo era mayoría pero el dictamen fue unánime. Ayer, Akemeier encontró allanado el camino para su ascenso como fiscal de cámara, cuyo acuerdo quedó suspendido ante la denuncia interpuesta por el abogado Carlos Humberto Saravia.
Pero no todas fueron rosas. El amigable jurado ordenó la remisión de actuaciones al Colegio de Gobierno del Ministerio Público, debido a anomalías detectadas en dos causas, aunque no alcanzaron, a su juicio, para la destitución. La explicación oficial fue que "los cargos formulados fueron de neto corte procesal que tienen por ello sus propias vías recursivas ... aparecen desprovistos de toda entidad, pues los dichos contenidos en la denuncia no se hallan corroborados por elementos de juicio objetivos que permitan cuestionar la conducta del fiscal".
El comunicado agrega que "varias de las actuaciones invocadas en la acusación fueron confirmadas posteriormente por la Fiscalía de Impugnación, que tiene la potestad de revisión de las actuaciones del Fiscal". Lo que no dice el comunicado, pero lo reconoce algún miembro del tribunal es que "el jefe de los fiscales -de Akemeier y del fiscal de impugnación- Pablo López Viñals intervino en el enjuiciamiento como abogado y no como inquisidor de Akemeier, con lo que dejó mínimo margen a los juzgadores".
El dictamen se ajusta al criterio de "caja negra" que rige la acción fiscal en Salta. La celeridad de Akemeier para archivar denuncias por negocios millonarios es un mecanismo previsto por la Procuración, aunque sea inconcebible en un sistema republicano con división de poderes. Investigar el enriquecimiento sospechoso de Carlos Parodi y Marcelo Cil, el escándalo de Lomas de Medeiros, las operaciones del presidente del Enreja o la sospechada compra de cien colectivos para SAETA hubiera sido actuar de acuerdo con el orden jurídico, pero mal visto por el Gobierno y su Procurador.

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