Ayer se llevó a cabo la primera reunión entre el ministro de Seguridad de la Provincia, Alejandro Cornejo D''Andrea, con los senadores.
El funcionario fue indagado sobre el "Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas" y cómo será su aplicación en Salta.
La inquietud de los legisladores pasaba por saber los detalles del acta que firmó Salta en el Consejo de Seguridad Interior, en donde las provincias adhirieron al protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La otra pregunta fue si esa adhesión necesitaba de un decreto o del tratamiento legislativo previo.
"Nosotros hemos firmado esa acta en consonancia con la mayoría de las provincias. Más de 22 provincias las firmaron y nosotros también. Se debe decir también que esta firma no necesita decreto ni ley porque es una iniciativa de Nación", dijo.
Es necesario recordar que el protocolo de Nación entró en el eje del debate porque prohíbe los piquetes, autorizando la represión de las fuerzas policiales federales en casos de cortes de calles o rutas. También por el hecho de que una resolución ministerial controla el ejercicio de derechos constitucionales. El último punto de fuerte discusión fue el que determina la ubicación de los trabajadores de prensa. "No vulnera las garantías constitucionales ni lo previsto en el Código Procesal Penal", le respondió el ministro a la prensa.
"Lo que intenta el protocolo es equilibrar los derechos de las personas. Está basado en los derechos constitucionales de los ciudadanos, entendiendo que los límites del derecho de uno terminan donde comienza el de otro. De esta manera se busca garantizar que las manifestaciones públicas no afecten los derechos de los ciudadanos que no participan del reclamo", declaró D''Andrea.
Sobre la posible aplicación en Salta dijo que "este protocolo en realidad, y hasta ahora, no fue llevado a la práctica. En la calle esto no se aplica. Y en la provincia de Salta esto no hace falta porque desde hace 8 años que venimos trabajando en el gobierno de Urtubey para asegurar todos los derechos y las garantías constitucionales de las personas. Nosotros privilegiamos el diálogo por sobre la represión", dijo.
La respuesta no aclaró la aparente contradicción de adherir a un protocolo del que se asegura que respeta las garantías y equilibra los derechos; pero a la vez se anticipa que no se usará. El Tribuno volvió a preguntar sobre si las fuerzas de seguridad provinciales, las que están a su cargo, aplicarían el protocolo. "Las fuerzas de seguridad provinciales nunca aplicarán el protocolo de Bullrich", aseguró el ministro.
El funcionario fue indagado sobre el "Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas" y cómo será su aplicación en Salta.
La inquietud de los legisladores pasaba por saber los detalles del acta que firmó Salta en el Consejo de Seguridad Interior, en donde las provincias adhirieron al protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La otra pregunta fue si esa adhesión necesitaba de un decreto o del tratamiento legislativo previo.
"Nosotros hemos firmado esa acta en consonancia con la mayoría de las provincias. Más de 22 provincias las firmaron y nosotros también. Se debe decir también que esta firma no necesita decreto ni ley porque es una iniciativa de Nación", dijo.
Es necesario recordar que el protocolo de Nación entró en el eje del debate porque prohíbe los piquetes, autorizando la represión de las fuerzas policiales federales en casos de cortes de calles o rutas. También por el hecho de que una resolución ministerial controla el ejercicio de derechos constitucionales. El último punto de fuerte discusión fue el que determina la ubicación de los trabajadores de prensa. "No vulnera las garantías constitucionales ni lo previsto en el Código Procesal Penal", le respondió el ministro a la prensa.
"Lo que intenta el protocolo es equilibrar los derechos de las personas. Está basado en los derechos constitucionales de los ciudadanos, entendiendo que los límites del derecho de uno terminan donde comienza el de otro. De esta manera se busca garantizar que las manifestaciones públicas no afecten los derechos de los ciudadanos que no participan del reclamo", declaró D''Andrea.
Sobre la posible aplicación en Salta dijo que "este protocolo en realidad, y hasta ahora, no fue llevado a la práctica. En la calle esto no se aplica. Y en la provincia de Salta esto no hace falta porque desde hace 8 años que venimos trabajando en el gobierno de Urtubey para asegurar todos los derechos y las garantías constitucionales de las personas. Nosotros privilegiamos el diálogo por sobre la represión", dijo.
La respuesta no aclaró la aparente contradicción de adherir a un protocolo del que se asegura que respeta las garantías y equilibra los derechos; pero a la vez se anticipa que no se usará. El Tribuno volvió a preguntar sobre si las fuerzas de seguridad provinciales, las que están a su cargo, aplicarían el protocolo. "Las fuerzas de seguridad provinciales nunca aplicarán el protocolo de Bullrich", aseguró el ministro.
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Ayer se llevó a cabo la primera reunión entre el ministro de Seguridad de la Provincia, Alejandro Cornejo D''Andrea, con los senadores.
El funcionario fue indagado sobre el "Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas" y cómo será su aplicación en Salta.
La inquietud de los legisladores pasaba por saber los detalles del acta que firmó Salta en el Consejo de Seguridad Interior, en donde las provincias adhirieron al protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La otra pregunta fue si esa adhesión necesitaba de un decreto o del tratamiento legislativo previo.
"Nosotros hemos firmado esa acta en consonancia con la mayoría de las provincias. Más de 22 provincias las firmaron y nosotros también. Se debe decir también que esta firma no necesita decreto ni ley porque es una iniciativa de Nación", dijo.
Es necesario recordar que el protocolo de Nación entró en el eje del debate porque prohíbe los piquetes, autorizando la represión de las fuerzas policiales federales en casos de cortes de calles o rutas. También por el hecho de que una resolución ministerial controla el ejercicio de derechos constitucionales. El último punto de fuerte discusión fue el que determina la ubicación de los trabajadores de prensa. "No vulnera las garantías constitucionales ni lo previsto en el Código Procesal Penal", le respondió el ministro a la prensa.
"Lo que intenta el protocolo es equilibrar los derechos de las personas. Está basado en los derechos constitucionales de los ciudadanos, entendiendo que los límites del derecho de uno terminan donde comienza el de otro. De esta manera se busca garantizar que las manifestaciones públicas no afecten los derechos de los ciudadanos que no participan del reclamo", declaró D''Andrea.
Sobre la posible aplicación en Salta dijo que "este protocolo en realidad, y hasta ahora, no fue llevado a la práctica. En la calle esto no se aplica. Y en la provincia de Salta esto no hace falta porque desde hace 8 años que venimos trabajando en el gobierno de Urtubey para asegurar todos los derechos y las garantías constitucionales de las personas. Nosotros privilegiamos el diálogo por sobre la represión", dijo.
La respuesta no aclaró la aparente contradicción de adherir a un protocolo del que se asegura que respeta las garantías y equilibra los derechos; pero a la vez se anticipa que no se usará. El Tribuno volvió a preguntar sobre si las fuerzas de seguridad provinciales, las que están a su cargo, aplicarían el protocolo. "Las fuerzas de seguridad provinciales nunca aplicarán el protocolo de Bullrich", aseguró el ministro.
El funcionario fue indagado sobre el "Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas" y cómo será su aplicación en Salta.
La inquietud de los legisladores pasaba por saber los detalles del acta que firmó Salta en el Consejo de Seguridad Interior, en donde las provincias adhirieron al protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La otra pregunta fue si esa adhesión necesitaba de un decreto o del tratamiento legislativo previo.
"Nosotros hemos firmado esa acta en consonancia con la mayoría de las provincias. Más de 22 provincias las firmaron y nosotros también. Se debe decir también que esta firma no necesita decreto ni ley porque es una iniciativa de Nación", dijo.
Es necesario recordar que el protocolo de Nación entró en el eje del debate porque prohíbe los piquetes, autorizando la represión de las fuerzas policiales federales en casos de cortes de calles o rutas. También por el hecho de que una resolución ministerial controla el ejercicio de derechos constitucionales. El último punto de fuerte discusión fue el que determina la ubicación de los trabajadores de prensa. "No vulnera las garantías constitucionales ni lo previsto en el Código Procesal Penal", le respondió el ministro a la prensa.
"Lo que intenta el protocolo es equilibrar los derechos de las personas. Está basado en los derechos constitucionales de los ciudadanos, entendiendo que los límites del derecho de uno terminan donde comienza el de otro. De esta manera se busca garantizar que las manifestaciones públicas no afecten los derechos de los ciudadanos que no participan del reclamo", declaró D''Andrea.
Sobre la posible aplicación en Salta dijo que "este protocolo en realidad, y hasta ahora, no fue llevado a la práctica. En la calle esto no se aplica. Y en la provincia de Salta esto no hace falta porque desde hace 8 años que venimos trabajando en el gobierno de Urtubey para asegurar todos los derechos y las garantías constitucionales de las personas. Nosotros privilegiamos el diálogo por sobre la represión", dijo.
La respuesta no aclaró la aparente contradicción de adherir a un protocolo del que se asegura que respeta las garantías y equilibra los derechos; pero a la vez se anticipa que no se usará. El Tribuno volvió a preguntar sobre si las fuerzas de seguridad provinciales, las que están a su cargo, aplicarían el protocolo. "Las fuerzas de seguridad provinciales nunca aplicarán el protocolo de Bullrich", aseguró el ministro.
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