Cuestionan al juez del caso de la niña que fue violada

El fiscal penal Armando Cazón insistirá hoy a primera hora ante el juez de Garantías Dos de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, con el pedido de detención de los cinco jóvenes imputados por la violación de la niña de 12 años de la comunidad wichi de Alto La Sierra. La víctima será intervenida durante la mañana en el hospital Materno Infantil a fin de interrumpir su embarazo, que fue producto del abuso. También están implicados tres adolescentes en el ataque, cometido hace seis meses en esa localidad de Santa Victoria Este.

La cirugía se definió el martes pasado luego de una evaluación médica sobre el sombrío estado del feto, que es anencefálico, y los riegos que corre la prematura madre. El primer diagnóstico fue realizado el jueves pasado por especialistas de la fundación del músico Jorge Rojas, quienes viajaron hasta Alto La Sierra al otro día de conocerse, por El Tribuno, el dramático estado de la niña, quien desde que fue abusada no había recibido ningún tipo de asistencia.

A pedido del fiscal Cazón, agentes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) tomarán muestras de ADN del cordón umbilical. La prueba será fundamental para la causa y sobre ella el letrado funda su solicitud de detención contra los imputados mayores de edad, quienes se encuentran en libertad. Los que aún no tienen 18 años están en la misma situación y un juzgado de menores atiende su causa.

El lunes pasado, el juez Astigueta denegó igual pedido de detención presentado por el fiscal. El magistrado consideró que no existen motivos para inferir que los supuestos responsables puedan darse a la fuga.

"La detención es fundamental y debe ser urgente, para no perjudicar la investigación y los derechos de la víctima", sostuvo en contraposición Cazón, en diálogo con este diario.

En la presentación que preparó para esta mañana, insiste en que se tomen muestras de sangre a los imputados.

Si se comprobara la compatibilidad de los estudios genéticos con uno de los acusados sería clave para comenzar a determinar las responsabilidades de los otros supuestos participantes de la violación. Aun así, existen pruebas testimoniales que también comprometen a los implicados, según dijo el fiscal.

Los cinco jóvenes acusados, quienes pertenecen a familias criollas y viven en Alto La Sierra, permanecieron detenidos desde el 29 de noviembre de 2015 hasta el cuatro de marzo. Fueron liberados por irregularidades en el certificado médico que corroboraba el ultraje sobre la niña. El médico que hizo el examen no tenía revalidado en Argentina su título boliviano, por lo que el gerente del hospital de la zona firmó el documento, pero sin tener idoneidad para hacerlo ya que es bioquímico. Los profesionales ahora enfrentan cargos por presunta falsedad ideológica.

Desde el Ministerio de Asuntos Indígenas de la Provincia anunciaron que solicitarán a la Justicia la detención de los supuestos abusadores de la niña.

Desde el organismo sostienen que la víctima sufrió "un total avasallamiento de sus derechos". El titular del área, Luis Gómez Almarás, se entrevistó, por primera vez, con la familia de la niña. El 11 de abril, 48 días antes de la visita del ministro a Rivadavia, el diputado Ramón Villa insistió mediante una nota a autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia en que asistan a la niña luego de gestiones personales ante funcionarios que resultaron infructuosas.

Por otra parte, la familia de la víctima recibirá asesoramiento legal por parte de la Defensoría General, cuya titular, María Inés Diez, se reunió ayer con la madre. Participaron también del encuentro integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

El fiscal penal Armando Cazón insistirá hoy a primera hora ante el juez de Garantías Dos de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, con el pedido de detención de los cinco jóvenes imputados por la violación de la niña de 12 años de la comunidad wichi de Alto La Sierra. La víctima será intervenida durante la mañana en el hospital Materno Infantil a fin de interrumpir su embarazo, que fue producto del abuso. También están implicados tres adolescentes en el ataque, cometido hace seis meses en esa localidad de Santa Victoria Este.

La cirugía se definió el martes pasado luego de una evaluación médica sobre el sombrío estado del feto, que es anencefálico, y los riegos que corre la prematura madre. El primer diagnóstico fue realizado el jueves pasado por especialistas de la fundación del músico Jorge Rojas, quienes viajaron hasta Alto La Sierra al otro día de conocerse, por El Tribuno, el dramático estado de la niña, quien desde que fue abusada no había recibido ningún tipo de asistencia.

A pedido del fiscal Cazón, agentes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) tomarán muestras de ADN del cordón umbilical. La prueba será fundamental para la causa y sobre ella el letrado funda su solicitud de detención contra los imputados mayores de edad, quienes se encuentran en libertad. Los que aún no tienen 18 años están en la misma situación y un juzgado de menores atiende su causa.

El lunes pasado, el juez Astigueta denegó igual pedido de detención presentado por el fiscal. El magistrado consideró que no existen motivos para inferir que los supuestos responsables puedan darse a la fuga.

"La detención es fundamental y debe ser urgente, para no perjudicar la investigación y los derechos de la víctima", sostuvo en contraposición Cazón, en diálogo con este diario.

En la presentación que preparó para esta mañana, insiste en que se tomen muestras de sangre a los imputados.

Si se comprobara la compatibilidad de los estudios genéticos con uno de los acusados sería clave para comenzar a determinar las responsabilidades de los otros supuestos participantes de la violación. Aun así, existen pruebas testimoniales que también comprometen a los implicados, según dijo el fiscal.

Los cinco jóvenes acusados, quienes pertenecen a familias criollas y viven en Alto La Sierra, permanecieron detenidos desde el 29 de noviembre de 2015 hasta el cuatro de marzo. Fueron liberados por irregularidades en el certificado médico que corroboraba el ultraje sobre la niña. El médico que hizo el examen no tenía revalidado en Argentina su título boliviano, por lo que el gerente del hospital de la zona firmó el documento, pero sin tener idoneidad para hacerlo ya que es bioquímico. Los profesionales ahora enfrentan cargos por presunta falsedad ideológica.

Desde el Ministerio de Asuntos Indígenas de la Provincia anunciaron que solicitarán a la Justicia la detención de los supuestos abusadores de la niña.

Desde el organismo sostienen que la víctima sufrió "un total avasallamiento de sus derechos". El titular del área, Luis Gómez Almarás, se entrevistó, por primera vez, con la familia de la niña. El 11 de abril, 48 días antes de la visita del ministro a Rivadavia, el diputado Ramón Villa insistió mediante una nota a autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia en que asistan a la niña luego de gestiones personales ante funcionarios que resultaron infructuosas.

Por otra parte, la familia de la víctima recibirá asesoramiento legal por parte de la Defensoría General, cuya titular, María Inés Diez, se reunió ayer con la madre. Participaron también del encuentro integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.