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Faltan menos de dos años para que culmine el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Aunque el renovado gabinete asegura que empezó a ajustar el gasto público, el déficit fiscal está por las nubes. El 2017 cerró con $4.500 millones, cerca de un 10 por ciento del presupuesto de ese período.
Economistas y contadores públicos proyectaron que eliminar el rojo de las finanzas provinciales llevará varios años. Hablan de un mediano plazo, es decir que la actual administración no podría terminar con un equilibrio fiscal.
Lucas Dapena, Jorge Paganetti, Eduardo Antonelli, Federico Saavedra, Julio Moreno y Julio Ibarra fueron consultados por El Tribuno sobre los efectos del déficit fiscal y la perspectiva que tiene Urtubey para reducirlo u ordenar las cuentas antes de cerrar su ciclo en la gobernación.
Desde hace un par de años, el Grand Bourg gasta mucho más recursos de los que le ingresan. Para hacer frente a esos rojos fiscales, desde fines de 2015 acudió a un financiamiento de corto plazo, a través de la emisiones de letras del Tesoro.
Las papas empezaron a quemar, o al menos se hicieron más visibles, cuando Salta firmó el pacto fiscal con la Nación. Al cerrar el año, la Casa Rosada tuvo que darle una ayuda financiera de 1.100 millones de pesos para pagar deudas que se originaron con las letras del Tesoro. El vencimiento era por 2.100 millones de pesos a fines de diciembre.
Por ese salvavidas, la Provincia permitirá que funcionarios nacionales pongan la lupa en las cuentas públicas locales.
Los especialistas que durante la semana hablaron con este medio abordaron un tema vidrioso: el elevado nivel de empleo público que tiene Salta. Todos vieron un crecimiento exponencial. Muchos de los agentes que ingresaron con contratos temporarios pasaron a engrosar la planta permanente. Julio Ibarra, economista egresado de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y actual becario del Conicet, dice que el camino fácil pera el Gobierno será echar gente o endeudarse. Considera que los funcionarios deben aplicar otras decisiones para no caer en determinaciones con fuerte impacto social.
Lucas Dapena, doctor en economía y docente de finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba, sostiene que el actual gobierno, que supo tener superávit, debe analizar las causas que lo llevaron este gran agujero. Afirma, no obstante, que no cuentan con tiempo suficiente para modificar totalmente la situación para fines de 2019.
Este año, según estimó el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, el déficit se reduciría a 2.400 millones de pesos.
Julio Moreno, doctor en economía y diputado provincial del bloque Cambiemos País, tiene una mirada más crítica. Vaticina que el déficit crecerá tres o cuatro veces, ya que no están contempladas las paritarias en el presupuesto.
El presidente del Consejo de Ciencias Económicas de Salta, Jorge Paganetti, ve una salida en que el Estado adopte prácticas que lo hagan más eficiente con el gasto público. Pide, por ejemplo, un cronograma de pagos menos dilatado con los proveedores, para evitar que se encarezcan los productos y servicios que adquiere el Gobierno. Eduardo Antonelli, economista de la UNSa, cuestiona el manejo de los recursos y remarca que el actual ajuste es un "manotazo de ahogado". No vislumbra en el horizonte próximo que se logre alinear los gastos con los ingresos.
Federico Saavedra, contador público nacional, avizora que este año el Gobierno seguirá con una importante necesidad de recurrir al sistema financiero. Para empezar a mejorar el panorama, señala que el Grand Bourg debe fomentar al sector privado para que haya más tra bajo.