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Las instituciones que conforman la mesa de violencia obstétrica emitieron el miércoles un comunicado en el que revelaron su preocupación por las protestas que hicieron médicos y profesionales de la salud, vistiendo sus delantales y ambos, frente a los hospitales públicos donde trabajan. Tras la media sanción que obtuvo el proyecto de legalización del aborto en Diputados, hace más de un mes, muchos trabajadores de los centros sanitarios realizaron abrazos simbólicos a los edificios para manifestar su descontento.
"Imaginate qué va a pensar una mujer que piensa en ir a solicitar un aborto no punible, o sea, las causales ya permitidas, si los mismos médicos se están manifestando. No dan garantías de que se vaya a cumplir con el derecho, de que la vayan a tratar bien...", dijo a El Tribuno María Laura Postiglione, presidenta del Observatorio de violencia contra las mujeres (OVcM) y miembro de la mesa interinstitucional de violencia obstétrica.
La abogada opinó que es válido que los profesionales expresen su opinión, pero observó que "el tema es cómo, dónde y cuál es el mensaje que termina quedando porque esa gente está en la puerta de la institución donde trabaja". "No corresponde una manifestación en la puerta del hospital y con ropa de trabajo. Me parece que sería bueno que los distintos hospitales tomaran medidas al respecto", señaló.
Desde la mesa cuestionaron también los comunicados de dos clínicas privadas de Salta que afirmaron que se negarían a cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), si esta se aprobara.
Preocupación y rechazo
"Aunque no se haya tratado de una expresión institucional propiamente dicha, resultan preocupantes y contraproducentes las manifestaciones realizadas por profesionales de la salud del ámbito público en las puertas de los establecimientos en los que ejercen funciones y con ropa de trabajo", escribió la mesa interinstitucional.
Sus integrantes explicaron que estas instituciones públicas están obligadas a dar cumplimiento al aborto no punible -en las tres causales contempladas por el Código Penal- y plantearon que, de esta manera, los reclamos de los médicos constituyen "una forma de obstaculizar que las mujeres usuarias sientan seguridad o garantía alguna de ver respetados sus derechos en caso de requerirlos".
Asimismo se mostraron de acuerdo con las declaraciones del ministro de Salud Pública de la Provincia, Roque Mascarello, en relación con "la factibilidad de aplicación de la ley IVE, en caso de ser aprobada". Postiglione aseguró que están "muy conformes" con lo planteado desde esta cartera: "Se advirtió que la Provincia estaría preparada para aplicar la ley, en caso de aprobarse. Eso es súper importante".
Esta mesa está integrada por el OVcM, la Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos (Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia), el Observatorio de violencia Obstétrica y la Coordinación General de Salud mental (Ministerio de Salud Pública).
Rechazo hacia dos clínicas
Los miembros de la mesa interinstitucional cuestionaron también los comunicados oficiales de dos clínicas privadas de Salta, el Instituto Médico de Alta Complejidad (Imac) y el Hospital Privado Tres Cerritos, que afirmaron que se negarían a cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), si esta se aprobara.
"La objeción de conciencia es un derecho individual, personalísimo y se desprende de la libertad de culto, ninguno de los cuales pueden tener como titular una persona jurídica", aclararon desde la mesa.
Postiglione consideró como "preocupante que una clínica privada salga a adelantar que no va a cumplir con una ley". "Lamentablemente sienten que tienen la legitimidad de hacerlo en el marco de la discusión del aborto pero creo que no corresponde, en un estado de derecho, que una empresa privada salga a hacer un planteo de estas características", opinó. "Creo que lo que acá está en juego es una institución privada que va a decir: "A esta ley yo no la cumplo'. Está bueno poner en discusión estas expresiones porque no son temas menores y nos preocupan".
"En el (sistema) público tienen que garantizarlo y en el privado seguramente eso tiene que estar contemplado en la reglamentación porque en Salta tenemos el Instituto Provincial de Salud (IPS), un régimen de afiliación forzosa. Hay un montón de mujeres que no podemos optar por el sistema público de salud", lamentó.
"La salud es una sola"
Consultados por El Tribuno, desde el Ministerio de Salud Pública confirmaron que se acatará la normativa y que se garantizará su cumplimiento. "En el sector público se va a acatar la ley", anunciaron. Tras las declaraciones de las clínicas privadas, el secretario de Salud de la Provincia, Francisco Marinaro Rodó, había dicho que "la salud es una sola y se aplica en un subsector privado y en un subsector público".