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Representantes de gremios de trabajadores estatales consideran necesario que se promueva la creación de una secretaría de violencia laboral para que todos los temas relacionados con esta temática tengan un marco regulatorio.
Dirigentes aseguraron a diputados que se realizaron 54 denuncias relacionadas con violencia laboral en la provincia y las mismas no son atendidas correctamente.
En una reciente reunión, diputados y representantes de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) analizaron el proyecto de ley sobre prevención y sanción de la violencia laboral en la provincia. Los dirigentes detallaron que funcionarios denunciados por ejercer violencia laboral "son reasignados en cargos de igual jerarquía, mientras que los trabajadores damnificados están con tratamientos físicos o psicológicos a raíz de estos problemas".
A esta situación se suma que "muchas de las personas que realizan denuncias de violencia laboral sufren algún tipo de represalia por parte de la misma entidad, como por ejemplo la no renovación de contrato", explicaron.
"Muchos piensan que por ganar un concurso son dueños del cargo que ocupan y hacen y deshacen a gusto y placer, pasando por alto todas las regulaciones del trabajo, es por eso que es urgente terminar con todo tipo de atropellos hacia los trabajadores", señaló Dina Rojas, de la Secretaría de la Mujer de UPCN.
Por ATE asistieron a la reunión el secretario general, Juan Arroyo, la congresal Mabel Álvarez. Por UPCN el secretario gremial, Héctor Concha; el secretario de Convenio Colectivo, Rubén Maita; de la Secretaría de la Mujer, Dina Rojas, y el apoderado Marcos Montoya, se informó desde la Cámara de Diputados.
Entre otros aspectos, los gremialistas también plantearon la necesidad de crear un registro de violencia laboral "donde estarían inscriptos quienes tuvieran denuncias comprobadas".
Con respecto a agresiones por parte de terceros, que mantienen una relación con una de las partes, los gremialistas aseguran que se han incrementado, por lo que es indispensable la presencia de personal policial o de seguridad en algunos establecimientos.
El secretario general de ATE, Arroyo, aseveró que no existe castigo para quienes incurren en violencia laboral, ya que en el ámbito provincial no existen sanciones ejemplares.
"Todos comemos de la misma mano y no es posible que exista este tipo de violencia entre nosotros", dijo el dirigente.
En cuanto a capacitación sobre violencia laboral, los dirigentes aseguraron que en la mayoría de los casos quienes poseen cargos altos están en contra de realizarlas y es por eso que esperan que desde la provincia promuevan la obligatoriedad de las mismas.
En la reunión estuvieron los diputados Guillermo Martinelli, Lucas Godoy, Dionel Ávalos, Mario Moreno, Mario Ángel, Alberto Abadía y Julio Moreno.