inicia sesión o regístrate.
La absolución del médico Lino Villar Cataldo por decisión de un jurado popular debería ser motivo de reflexión para quienes tienen el deber de impartir justicia.
El médico, de 63 años, mató a un asaltante que, junto con dos cómplices, lo había golpeado brutalmente para robarle su auto. Villar Cataldo nunca había matado antes, pero lo habían asaltado dos veces. El muerto, y probablemente sus cómplices, tenían antecedentes por robo.
La fiscal Diana Mayko lo acusó de "homicidio simple agravado por el uso de arma". Durante dos años y medio, desde agosto de 2016, Villar Cataldo estuvo procesado, con su casa embargada y sin poder trabajar, además de permanecer un tiempo en prisión y luego recibir el beneficio de la libertad condicional. La fiscal Mayko encuadró al médico como un homicida, cargo que la fiscal de juicio Noemí Carreira redujo a exceso en la legítima defensa.
Entre tanto, los familiares y amigos del asaltante muerto, Ricardo Krabler, utilizaron las redes sociales para exaltar su figura y amenazar a Villar Cataldo.
Toda la información emanada del juicio evidencia que los hechos fueron lo suficientemente confusos y que su reconstrucción solo fue posible por el testimonio del médico y de los vecinos que constataron las lesiones que había sufrido. El argumento de la fiscal Mayko era que la pistola que usó el asaltante no estaba en condiciones de disparar y que, al momento de la muerte, el occiso no la tenía en sus manos.
¿Es justo pedirle a una persona que defiende su vida la fría lucidez que le reclama la fiscal? El jurado, que evalúa los hechos crudos, descartó cualquier culpa del médico. Como ocurriera con el carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, que atropelló con su auto a un asaltante, el veredicto se inclinó por la víctima y no por los ladrones.
En ambos casos es claro que los hechos de violencia que culminaron en muertes no fueron desencadenados por las personas a las que los fiscales acusaron sino por los muertos y sus cómplices.
Otra coincidencia: los abogados patrocinantes de las familias de los asaltantes muertos sostuvieron "que no es posible que la gente ande armada por la calle". Se referían, llamativamente, a quienes se habían defendido de los ataques.
La credibilidad de la Justicia y del Ministerio Público está en juego, porque prevalece entre los funcionarios una interpretación adulterada de los derechos humanos y de la dignidad de la vida.
No se trata de restaurar el Far West. La Justicia no debe ceder al clamor popular de "mano dura". Al mismo tiempo, linchamientos como los ocurridos en Ciudad Evita y en Comodoro Rivadavia son delitos aberrantes.
Tampoco se trata de restaurar a la "policía pesada", experta en sacar supuestas "confesiones" a fuerza de picana.
Hace tres décadas, el ingeniero Horacio Santos se hizo famoso cuando persiguió y mató a dos ladrones desarmados. El caso no es comparable, porque su vida no corría peligro. En cambio, Villar Cataldo y Oyarzún reaccionaron frente a agresiones muy violentas. Y aunque no es bueno que la gente ande armada y que una sociedad se rija por la "ley del revólver", una justicia justa no puede admitir la privación del derecho de la víctima de un delito a defenderse.
En nuestros tiempos, la política, la cultura y el Derecho procuran eliminar cualquier estigma social. Es decir, señalan que quien delinque no es "delincuente" sino una "persona en conflicto con la ley". Por eso hay resistencia a considerar los antecedentes de los prontuarios. Lo que no puede soslayarse es que hay personas que naturalizan el delito. La madre de Krabler, así como su familia y sus amigos, con sus amenazas desafían a la ilusión abolicionista.
Todos los seres humanos gozan de los mismos derechos, pero la Justicia, al momento de juzgar, debe diferenciar con claridad absoluta que no es lo mismo hacer del delito un modo de vida, que vivir de un trabajo decente y, en ocasiones, tener que defenderse de un asaltante armado.