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El problema social más agobiante de nuestro país es la falta de trabajo, porque esta es la mayor causa de la pobreza y la exclusión.
Como síntoma de la crisis, el Indec da cuenta de que, entre marzo de 2018 y marzo de este año, 268.300 trabajadores quedaron en la calle; la mayoría, empleados que sufrieron las consecuencias de la reducción de las plantas de personal y el cierre de numerosas empresas.
En su discurso inaugural del año parlamentario, el presidente Macri dijo, hace tres meses, que durante su gestión se habían generado 700.000 puestos de trabajo. Tal afirmación sorprendió más aún que aquel diagnóstico de que “lo peor ya pasó”, exactamente un año antes.
La realidad es que, si bien en 2017 las cifras de empleo eran alentadoras, desde la crisis que comenzó en abril de 2018 generó la peor caída en una década, que en enero y febrero se profundizó más aún.
De acuerdo con la evaluación de la página chequeado.com, hasta principios de 2018 se habían creado 709 mil puestos de trabajo, de los cuales solo 118 mil fueron asalariados registrados del sector privado en relación de dependencia. El resto, trabajo no registrado, sin garantías legales, aportes previsionales ni cobertura social, un fenómeno que afecta a un tercio de los empleados.
En otras palabras, cuando el presidente pronunció ese discurso, el empleo privado estaba nuevamente muy por debajo de 2015.
Es importante señalar, en este punto, que las curvas históricas muestran una alarmante caída que se prolonga desde hace cuatro décadas, al ritmo de la recesión, la inflación y la falta de un sistema de educación adecuado a las exigencias del mundo contemporáneo.
Este diagnóstico orientó la campaña que llevó al presidente Mauricio Macri y a Cambiemos al gobierno nacional.
En 2015, Cambiemos prometía generar 1.500.000 puestos de trabajo genuino en cuatro años. Cumplido ese plazo todos estos problemas se han agravado, sin que se vislumbre el camino de salida.
Por el contrario, las marchas y contramarchas políticas impidieron avanzar en acuerdos estratégicos, que solo pueden lograrse por con senso.
El actual gobierno no ha mostrado un rumbo económico definido ni una conducción política firme y sensible, que manejara con sabiduría medidas complejas como, por ejemplo, el ajuste de tarifas.
El sometimiento a los caprichos financieros generó el año pasado una mega devaluación de 150%, la inflación fue muy cercana al 50% en ese año, el poder adquisitivo del salario medió cayó cerca del 12%. Al mismo tiempo, las tasas de interés se hicieron siderales, se esfumó el crédito y se fugaron más de US$ 25.000 mi llones.
La recesión, que en marzo se midió en casi 7% de caída de la actividad, hizo estragos entre las pymes, que son medulares para la generación de puestos de trabajo. Se estima que decenas de miles de esas empresas cerraron sus puertas, por falta de crédito y por la presión tributaria. Solo se observan buenas señales en el campo, la minería, los hidrocarburos y la pesca.
La consultora Synopsis estima que 108 empresas presentaron Procedimientos Preventivos de Crisis en 2018. Automotrices históricas como General Motors, Renault, Fiat, PSA Argentina, Iveco y Honda anuncian suspensiones en sus terminales o abren programas de retiros voluntarios. De acuerdo a las cifras oficiales, durante enero, las fábricas de autos trabajaron al 15% de su potencial. Pero todos los rubros se ven afectados por una recesión que se manifiesta en caída del consumo y de un vuelco hacia las segundas marcas en alimentación, electrodomésticos y otros rubros básicos.
Este escenario es el marco económico de una decadencia social sin antecedentes en el país. La solución, y no las culpas de esta crisis, debería ser el eje del debate electoral de este año. Los candidatos siguen, en cambio, enfrascados en lo que bien parece una “feria de vanidades”.
Sería recomendable que todos escucharan la sugerencia publicada en uno de los informes de la consultora Idesa: “Los países que progresan extreman los esfuerzos, el diálogo y el consenso para mejorar sus instituciones económicas, fiscales y laborales.