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La Corte Suprema de la Nación produjo dos fallos que son esenciales para el ejercicio del periodismo.
En un caso, revocó una condena contra la revista Barcelona por una tapa de 2010. Allí reproducía en tono satírico una protesta de la defensora de los militares presos Cecilia Pando, quien se sentía agraviada por un fotomontaje acompañado de frases de tono hiriente.
Una tapa de tono similar a las de Charlie Hebdo, la revista francesa que sufrió un sangriento atentado, una masacre, por fundamentalistas religiosos en Francia. Ningún creyente (de Dios, Yaveh o Alá) puede suponer que a Dios le agradan esas conductas censoras y brutales.
A la democracia, tampoco y lo demuestra en sus leyes. El fallo defiende el derecho del medio y de sus lectores a la información.
En la dubitante democracia Argentina, esas libertades son cuestionadas. Si el traspié de Cecilia Pando alegra a los militantes oficialistas, proclives al autoritarismo dogmático, el otro fallo les pone límites.
La Corte confirmó por unanimidad el sobreseimiento de los periodistas Carlos Pagni, Edgar Mainhard, Roberto García, Néstor Carlos Ick y Daniel Raimundes acusados de "formar parte de una supuesta red de espionaje ilegal y violar secretos de Estado". La denuncia se originó en la investigación de actividades ilegales que incluían la intercepción clandestina de comunicaciones. Sobre los periodistas el tribunal dejó en claro que ninguna de las informaciones que mencionaban los denunciantes vulneraba secretos de Estado y que ellos no tenían responsabilidad en las actividades de terceros. Es elemental: el rastreo que exige el periodismo profesional obliga a buscar "en los sótanos de la política", pero el periodista de investigación no publica nada hasta que lo corrobora fehacientemente, con fuentes serias e indubitables.
Si fuera por los gobiernos autoritarios, que no creen en la inteligencia humana, los diarios deberían ser como los engendros de Goebbels.
Es lo mismo que ocurrió con Daniel Santoro. La Cámara de Mar del Plata le dictó la falta de mérito en un caso donde era evidente que se trataba de un operativo montado para involucrarlo por sus contactos con el extraño personaje Marcelo D'Alessio. Un operativo tan evidente, que el juez Alejo Ramos Padilla se encolumnó detrás de publicaciones de la página El Cohete a la luna (sin fuentes) e inició una causa que quedaba fuera de su jurisdicción. Y buscó de inmediato el amparo del exalfonsinista Leopoldo Moreau y del bloque presidido por Agustín Rossi.
Santoro fue el investigador del caso de la venta de armas a Croacia y Ecuador, y el menemismo nunca lo denunció por nada. Involucrarlo con D'Alessio, es evidente, no podía ser otra cosa que una artimaña.
Pero los riesgos persisten. La Academia Nacional de Periodismo manifestó la semana pasada su "profunda preocupación" por la amenaza al secreto de las fuentes.
Diego Cabot fue el investigador de la llamada "Causa de los cuadernos" en la cual un centenar de testigos, arrepentidos y empresarios dieron testimonios contundentes contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó que el municipio de Vicente López le entregue los archivos fílmicos de lugares donde Cabot se habría reunido con sus fuentes. ¿Cuál es el sentido de investigar las fuentes a esta altura? Solo uno: condicionar la tarea informativa.
La información es inherente a la democracia. Por eso hacen falta muchas voces y por eso es antidemocrática la censura.